La tensión entre los Poderes federales llevó a la descalificación y ésta a proponer solución: integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía la democracia directa: elegir ministras y ministros en elecciones, como se hace para renovar las Cámaras del Congreso y titular de la Presidencia de la República. Reacciones inmediatas a favor y en contra, incluida la consulta popular para legitimar el cambio.
Del oficialismo vino el respaldo con iguales razonamientos, no podía ser de otra manera. De otros espacios, notoriamente el académico, surgió el disentimiento, con óptica distinta, más elaborados, documentados en un largo estudio. Entendible: se argumenta diferente en política y en ciencia. Nada de espantar. Una cosa es el discurso en la tribuna parlamentaria o desde el gobierno, otra en la discusión del conocimiento.
No sin cierta ironía, en la Cámara de Diputados se anunció una discusión pública sobre el tema, a la par de la presentación de iniciativas de reforma al actual procedimiento constitucional de designación para integrar la Corte, por el de democracia directa.
Mientras en el ámbito presidencial la descalificación subió de tono, en el legislativo tomaron el rumbo de su naturaleza: una especie de parlamento abierto. Así, el asunto varió sus cauces, apuntando al favorable debate, imprescindible por su relevancia.
Con formato de conversatorio, el grupo de Morena en la Cámara de Diputados llamó a un grupo de especialistas, invitándoles a opinar a sabiendas de la postura poco favorable a su intención, pues ya la habían adelantado en los medios.
Así inició un debate más por el funcionamiento del Poder Judicial, en sentido inverso del más elemental, el de la impartición de justicia, identificado por Ana Laura Magaloni a ras de tierra, ese mismo cuestionado y analizado en aquel interesante ejercicio sobre la justicia cotidiana de 2015.
Suficiente fue ese primer conversatorio de apenas unas horas, para identificar una problemática mucho más compleja a la reduccionista de la elección de ministras y ministros de la Corte. Sistema Penal Acusatorio, Juicio de Amparo, enseñanza del Derecho, colegiación obligatoria de la abogacía, fueron algunos de los botones de muestra para ilustrar en esa gran mesa, el funcionamiento multifactorial del aparato mexicano de justicia a lo largo y ancho del territorio nacional, del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, con toda la categoría de tribunal constitucional, solo la cúspide.
Al botepronto, el líder de la bancada convocante dio un vuelco a su posicionamiento original al expresar, con mirada más ancha, la urgencia de reformar al Poder Judicial. Ignoro si el diputado Mier aludió únicamente al federal, pero fue un importante avance. Eso debe subrayarse.
En nuestro diseño constitucional el Poder se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y por el modelo republicano federal alcanza la organización de las entidades federativas, esto es, el esquema se repite con organización particular para cada una. Es la fórmula para su ejercicio en el orden de gobierno local, o estadual.
De lo anterior se desprende una organización del Poder Judicial en treinta y tres partes: una de la Federación y la de cada estado y la Ciudad de México. Esta premisa matiza la descalificación generalizada y advierte la necesidad de una reforma transversal de todas sus partes, su funcionamiento como un sistema, así como la de los ordenamientos para su funcionamiento y los de aplicación en cada una de las dos jurisdicciones.