Los 22 gobernadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitieron un comunicado en el que recriminaron que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitiera a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (|NE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral.
En el escrito firmado también por el mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, expresaron que el punto impugnado se refiere a la reducción en el costo de los procesos electorales, “reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE”.
Ante esta situación, los inconformes consideraron que fue inconstitucional la determinación del ministro, toda vez que la Constitución establece que “no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales”.
Además, puntualizaron que la acción de Laynez Potisek violenta el equilibrio de poderes, ya que es el único de los integrantes que suprime las reformas que “no ponen en riesgo” los procesos electorales o el funcionamiento del órgano electoral, pues su propósito es garantizar una democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas.
“Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”, se lee en el comunicado.
En ese sentido, hicieron un llamado al pleno de la SCJN para revertir la decisión del ministro, tal como lo solicitó el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, con el fin de que sea respetado el trabajo de los poderes de la Unión y evitar violaciones a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.
En marzo pasado, el INE ingresó una controversia constitucional en contra de la primera parte del denominado Plan B; no obstante, días después hizo lo propio contra la segunda parte, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con los consejeros del INE, dichas reformas atentan contra los derechos humanos y laborales de quienes integran el instituto, vulnera su autonomía y afecta la certeza de los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas, entre otras cuestiones.
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