El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordova advirtió hoy que la propuesta de recorte presupuestal para el organismo electoral pone en riesgo la revocación de mandato, señaló que “sólo se podrá organizar si se cuenta con los recursos suficientes”.
Durante la sesión de Consejo General para aprobar las modificaciones a los lineamientos de la Revocación de Mandato para acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Córdova consideró que es “muy preocupante un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, ¡casi 5 mil millones de pesos! Al proyecto originalmente enviado por el Instituto sin considerar los datos y argumentos técnicos para justificar su solicitud presupuestal”.
En vísperas de que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe el presupuesto para 2022, el consejero presidente externó su confianza en lo que se decidirá: “estoy seguro que, por convicción democrática y responsabilidad institucional, que los diputados serán cogruentes con su compromiso democrático. Estamos hablando de derechos de la ciudadanía. Ese compromiso es indispensable porque se trata del ejercicio de los derechos ciudadanos y participar en ejercicio de democracia directa previstos en la Constitución.
En su intervención al inicio de la sesión, Córdova aseveró que en las últimas semanas se aprobaron partidas por 117 millones de pesos para la organización de una eventual revocación de mandato, lo cual, dijo, va en sentido contrario a lo que “se ha comentado de que el INE boicotea este ejercicio. Que alguien me explique si estamos haciendo lo necesario para que se efectúe, como es que afirma lo contrario.
“Es falso que sea el INE el que impida la revocación de mandato. Estas acciones dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones institucionales pero su llegada a buen puerto, requiere de la corresponsabilidad de varios actores y organismos del estado que generen condiciones para su viabilidad.”
Recordó que el INE aprobó en su proyecto de presupuesto una partida de 5 mil 743 millones de pesos por si eventualmente se debe realizar la revocación de mandato y una consulta popular, es decir, 3 mil 830 millones y mil 913 respectivamente, los cuales serían devueltos inmediatamente a la Tesorería de la Federación si es que no se cumplen los supuestos de ley para su realización.
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