Anterior a la pandemia sanitaria, el gobierno estatal distribuyó más recursos de los etiquetados a partidas como educación y salud registrando una variación superior al 25 por ciento, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG).
Las prioridades del gasto público en Hidalgo fueron distribuidas en más de un 40 por ciento para educación, 14 por ciento en salud, cuatro por ciento para seguridad y tres por ciento para justicia.
Sin embargo, en educación y salud, las autoridades superaron en un 26 y 28 por ciento, respectivamente, el presupuesto etiquetado por el Congreso local.
El informe detalla que durante el 2019 la entidad aprobó para educación 18 mil 808 millones 267 mil 683 pesos, sin embargo el monto total ejercido fue de 23 mil 680 millones 765 mil 667 pesos, es decir una diferencia superior de 872 millones 497 mil 984 pesos o el 26 por ciento más de lo etiquetado.
En salud el monto aprobado fue de cinco mil 653 millones 853 mil 397 pesos, pero lo ejercido fue de siete mil 221 millones 568 mil 620 pesos, lo cual representa un gasto mayor a lo etiquetado por mil 567 millones 715 mil 223 pesos o el 28 por ciento más.
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30 entidades gastan más de lo que tienen
A nivel nacional, 30 entidades gastaron más de lo presupuestado y siete de ellas gastaron al menos el 15 por ciento más, es decir que no respetaron sus presupuestos aprobados, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Veracruz.
El Instituto Mexicano para la Competitividad detalló en su informe que la mala planeación y las simulaciones del gasto ocasionan que las prioridades del presupuesto sean distintas al momento de ejercer los recursos públicos.
En promedio, los estados destinan aproximadamente el 36 por ciento de sus recursos a educación, el 13 por ciento a salud y protección social en salud, el cuatro a seguridad pública y a justicia, en tanto que el resto de los recursos es destinado a otras partidas como turismo, transporte, comunicaciones, ciencia, protección ambiental, entre otras.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que en los estados, las prioridades de los ciudadanos no son las prioridades del gasto público, las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta.
Esto propicia un mal uso del dinero público y deja sin atender las verdaderas prioridades.
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