¿Qué ocurrió con la indemnización a afectados por carretera Pachuca-Huejutla? Te decimos

Habitantes de la localidad Pueblo Nuevo, ubicado en Mineral del Monte, a través del juicio de amparo 321/2024 obtuvieron la suspensión definitiva respecto a los trabajos de construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, en el tramo Real del Monte-Huasca; es decir, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) no podrá continuar con la obra, que corresponde a 12 mil metros.

Julio Gálvez, abogado de la Sociedad Real Zumate, informó que dicho recurso legal inició por la construcción del tramo carretero que pasa por los predios de los quejosos, quienes obtuvieron la posesión de 687 hectáreas por medio de un decreto presidencial; sin embargo, no fue respetado y 12 mil metros se pretenden invadir.

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“La comunidad de Pueblo Nuevo solicitó la restitución de tierras, pero no procedió; sin embargo, el presidente y autoridad agraria reconoció que el pueblo debía tener tierras para ampliarse, por lo que en 1924 fue publicado el decreto presidencial por el que se le cedían esas tierras”, precisó.

Asimismo, afirmó que 56 familias fueron las beneficiadas y se estableció régimen intermedio, que significa que mientras no sean repartidas las tierras entre los beneficiarios no se puede vender o dar otro uso a los terrenos; sin embargo, surgieron propietarios después del decreto, lo que significa que las escrituras o títulos de propiedad se dieron fuera del marco de la ley.

Esto derivó en que personas que no son propietarias legales del predio, recibieran indemnización por parte del gobierno federal, a través de la administración estatal pasada, encabezada por Omar Fayad Meneses.

De acuerdo con el representante legal, el exgobernador solicitó en 2019 al gobierno federal recurso para el pago de afectaciones; esto, a través de un convenio de colaboración firmado por el exmandatario y el exsecretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar; no obstante, en 2020 firmaron otro convenio para solicitar más dinero, “porque no le alcanzó para pagar y se lo dan”, explicó el abogado.

Sin embargo, el capital no fue entregado a los verdaderos afectados, ya que le fueron pagados 12 millones de pesos a una persona que se ostentó como dueña del predio por donde pasa la carretera; mientras que, a otra, en diverso recurso de amparo, le entregaron 14 millones de pesos; esto, a pesar de que no son dueños.

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“Hay pruebas de que el dinero fue etiquetado, los convenios de colaboración, observamos que hay corrupción. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte da el recurso y la Secretaría de Obras Públicas de Omar Fayad se encargó de dar los pagos de estas afectaciones”, puntualizó.

En ese sentido, hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el caso, ya que el recurso no llegó a quienes tenía que llegar; asimismo, solicitó al gobierno del estado intervenir en el tema, toda vez que, si bien no están en contra de la carretera, sí por la invasión a la comunidad.