En Hidalgo la violencia estructural quedará reconocida como el acto en el que, sin manifestarse de manera directa, se produzca a través de estructuras de autoridad y sistemas de estratificación social que limitan el acceso equitativo a recursos y derechos.
Lo anterior deriva de las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado aprobadas por el Congreso del Estado.
Las modificaciones impulsadas por las legisladoras Tania Meza Escorza, Diana Rangel Zúñiga y Alma Rosa Elías Paso refieren que este tipo de violencia afecta a mujeres en situaciones de desventaja donde existen factores como etnia, edad, jerarquía social, u otros aspectos.
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Además, reconocen que se manifiesta de manera sutil y se considera “parte de la normalidad social”, lo que refuerza las estructuras de poder y exclusión favoreciendo condiciones de desigualdad y genera injusticias.
En el mismo dictamen, se adicionan reformas para incorporar dentro de los planes educativos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, el fomento de una comprensión adecuada sobre el ejercicio de la paternidad y maternidad de manera libre, deseada, responsable e informada.
Esto, para que desde etapas formativas tengan entendimiento sobre la importancia de asumir la maternidad y paternidad con plena conciencia y responsabilidad.
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Por ello se estableció que además de desarrollar actividades educativas que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, deberá integrarse una compresión al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad su función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en el núcleo familiar.
Este proceso conlleva no solo la preparación emocional, económica y social para el ejercicio de la crianza, sino también el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género y la distribución justa de responsabilidades dentro del ámbito doméstico.
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