Ahora que el presidente Donald Trump cumple con su amenaza de hacer deportaciones masivas, en México la clase política ha reaccionado de manera errática y en algunos casos, como en Hidalgo, de forma francamente pueril.
La reacción más notable fue la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a una defensa pacífica y diplomática contra los abusos que sufren migrantes en Estados Unidos. Aunque esta declaración fue sacada de contexto con otra que hizo semanas antes en el marco de la iniciativa para aplicar un impuesto a las remesas, lo que provocó un conflicto cuando desde la Oficina Oval, la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, dijo que Sheinbaum: “salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso”.
En esta misma semana el senador Gerardo Fernández Noroña se burló de su homólogo estadunidense, Eric Schmitt, quien es el responsable de la iniciativa que propone imponer un impuesto al dinero que envían connacionales desde Estados Unidos.
En conferencia de prensa el lunes 9 de junio, declaró: “Un senador estadounidense dice que le van a poner 15% (en las remesas). ¡Ay, senador, estás viendo y no ves! ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina”.
No tardó en responder Schmitt: “El presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas. En una conferencia de prensa ayer, se rió de la idea. ¿Adivina qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5% “, escribió, con lo que dio al traste con las negociaciones en las que participaron legisladores mexicanos que lograron que el tributo pasara del 5 al 3.5%.
En medio de estos tropiezos, en Hidalgo los políticos locales no quisieron dejar pasar la oportunidad de erigirse como salvadores de la patria, aunque sus esfuerzos no trasciendan más que en el ámbito de la anecdótico.
Lo más notable es que la agresión del gobierno de EU contra los migrantes unió a todos los partidos representados en el Congreso local, porque el pasado miércoles diputados de los diferentes grupos parlamentarios se pronunciaron contra las detenciones de migrantes.
También hicieron un “llamado enérgico” a respetar los derechos y el debido proceso de los mexicanos, además de exigir un alto a los operativos en hogares y centros de trabajo.
Nada con lo que uno pudiera estar en desacuerdo, pero tampoco nada que vaya a ayudar a la comunidad migrante que hoy vive en zozobra permanente. ¿De qué va a servir el pronunciamiento que hizo el Congreso local? ¿Algún funcionario del gobierno de Trump rectificará la política que echó a andar su jefe y que prometió desde su campaña? Evidentemente no, por eso quedará como una simple anecdota.
Pero hay acciones que sí podría llevar a cabo el gobierno estatal y los legisladores locales. Eso lo saben bien migrantes hidalguenses organizados que viven del otro lado de la frontera norte y que ya manifestaron sus demandas a través de los medios de comunicación.
A principios de esta misma semana, miembros de la coalición de federaciones, clubes y líderes hidalguenses en Estados Unidos y Canadá recriminaron que no existe apoyo a la comunidad que vive en el extranjero por parte de la Oficina de Atención al Migrante del Gobierno estatal.
Entrevistados por la periodista Joselyn Sánchez, varios líderes migrantes coincidieron en que, desde que Manuel Aranda asumió la titularidad de la Oficina de Atención al Migrante, no han tenido respaldo del gobierno estatal.
Recordaron que hace año y medio, cuando un ciclón azotó la Bahía de Tampa, en Florida, donde viven más de 40 mil hidalguenses y pese a que muchos perdieron parte de su patrimonio, no hubo atención ni acompañamiento.
La historia se repite este año, porque ante las deportaciones de hidalguenses radicados en EU, ni una llamada para asesorarlos han recibido, según narraron los activistas. Incluso, frente al vacío institucional, federaciones tuvieron que venir a México a apoyar a las personas para tramitar su credencial de elector o el pasaporte. Un apoyo elemental que es lo menos que se esperaría de una autoridad local.
Y si no se apoya con trámites, qué se puede esperar de la anunciada “reinserción” de los migrantes al sector productivo estatal.
Más que envolverse en la bandera y declararse solidarios con su lucha a la distancia y sin ensuciarse los zapatos, las autoridades locales deberían estudiar en qué ámbito de sus facultades podrían ayudar a nuestros paisanos en desgracia. Y si no pueden ayudar, al menos que cuiden sus declaraciones, no vaya a ser que, como Noroña, anden dando balazos a los pies de nuestros connacionales.
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