Protocolo Cero: solo 8 ayuntamientos lo implementan

De los 84 ayuntamientos de la entidad, solo ocho administraciones municipales implementan en “Protocolo Cero” cuyo objetivo es la prevención, atención y sanción del acoso sexual y laboral, y hostigamiento sexual y laboral en la administración pública, pese a ser una obligación establecida en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

Dicho ordenamiento establece en su artículo 56 que los ayuntamientos deberán instrumentar y articular una política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres y el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mejor conocido como Protocolo Cero para la prevención, atención y sanción del acoso sexual o laboral y hostigamiento sexual o laboral en la administración pública.

Puedes leer: ¡Atención! Abren segunda convocatoria para Registro de Marca

El 15 de marzo del año pasado, la diputada Citlali Jaramillo Ramírez realizo un exhorto a los 84 municipios para la emisión de sus protocolos, es decir, que sería la segunda ocasión que el Congreso local llama a los municipios al cumplimiento de su obligación.

Protocolo Cero: municipios en donde se implementa

  • Acaxochitlán
  • Jaltocán
  • Lolotla
  • Mineral de la Reforma
  • Pachuca
  • San Agustín Metzquititlán
  • Tizayuca
  • Tulancingo de Bravo

Mientras que los restantes 76 no disponen de este ordenamiento.

Durante la sesión plenaria del Congreso del Estado, los diputados aprobaron hacer un llamado nuevamente a los municipios omisos para que cuenten con su propio protocolo al ser un documento necesario que establece una guía de actuación para las personas servidoras públicas para brindar atención a las víctimas de estas conductas.

Te recomendamos: ¡Logro histórico! Poder Legislativo obtiene certificación oro en Igualdad Laboral y No Discriminación

Lo anterior, teniendo una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que dé como resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar esas conductas y garantice el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público.