Luego de destacar que México es el segundo país con mayor número de crímenes de odio, se destacó que el mecanismo de protección de datos personales es fundamental en los Procesos Electorales, pues de este depende en gran media la seguridad de los y las ciudadanos, dadas las circunstancias.
Así se informó Josefina Román Vergara, consejera del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), quien a través de un recurso de revisión número RRA/10703/2021, ejemplificó el caso en que se ponderaron los derechos humanos, pues por un lado está el derecho a la información, pero por el otro está la protección de datos personales.
Explicó que en el caso de la cuota de género que se da por acciones en favor de la población LGTTTIQ en materia electoral, estas pueden ser clasificadas (los datos personales) como confidenciales, pues estos no se pueden revelar si la persona que se postula no lo desea.
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La comisionada Román Vergara acotó que existe una prueba de interés público que es un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para determinar si es posible transparentar la información, cuando se solicita, sobre todo en el tema electoral, pues existen referencias de que en algunos casos los partidos políticos pueden no cumplir o bien hacer trampa, como fue un caso conocido en Oaxaca y otro en Chiapas.
Al retoma el caso de referencia, detalló que en su momento no se dieron los datos de quienes pidieron no fuera pública su información, y sólo una lo aceptó, por lo que únicamente se consideró dicho dato. Sin embargo, se refirió que para que el ciudadano obtuviera algunos datos de su interés, se determinó que las preguntas tendrían que modificarse.
Con la presencia de distintas autoridades electorales y Myrna Moncada Mahuem, consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH) se destacó que ambos derechos tiene que armonizarse para que los y las ciudadanas puedan tener respuestas en materia de transparencia.
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Por su parte, Rosa Amparo Martínez Lechuca, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) reconoció que las condiciones de la población vulnerable impiden que puedan ejercer sus derechos; sin embargo, se realizan esfuerzos para que esta brecha pueda reducirse.
Destacó que la pandemia visibilizó la desigualdad tecnológica que prevalece en la entidad, pero la cual afecta más a los grupos vulnerables, y es justo la población por atender.
En este sentido Sergio Zúñiga Hernández, Fiscal Especial en delitos electorales, destacó que se está trabajando en capacitar a las y los funcionarios públicos en materia de delitos electorales, pero también para la revocación de mandato, pues hay acciones que se tienen que reservar.
“En todo momento, desde el inicio de una carpeta de investigación hay una protección de datos electorales, y desde el 3 de abril estaremos recorriendo los lugares donde estarán los y la candidata para supervisar que no ocurran delitos en la materia y en especificó la atención de violencia, incluida la de género”, dijo.
En su intervención, Alejandro Habib Nicolás, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), indicó que las acciones afirmativas son nuevas y se les ha capacitado en la materia al personal, pues se trata de un tema que refieren atención para evitar caer en omisiones.
“Están en juego muchos temas, la paz y la tranquilidad de los hidalguenses, pues la elección es trascendente para la entidad, ya que podría darse por primera vez”, expuso.
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