El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo Castillo Martínez presentó una iniciativa para sancionar con cárcel al servidor público que en su labor de Protección Civil omita generar una alerta ante la existencia de un riesgo, alto riesgo, estado de emergencia o desastre inminente para la población con hasta 10 años de cárcel.
El legislador, consideró necesario reformar el Código Penal del Estado para adicionan los artículos 365 Bis y 365 Ter al título vigésimo segundo de los delitos cometidos en materia de protección civil señalando que existe una laguna jurídica respeto a la omisión en algunas obligaciones de las autoridades para el cumplimiento de la Ley de Protección Civil estatal.
Por lo anterior consideró necesario establecer que el servidor público, en razón de su empleo, cargo o comisión, omita generar una prealerta, alerta o alarma de la existencia de un riesgo, alto riesgo, estado de emergencia o desastre inminente para la población, se le imponga de cinco a 10 años de prisión y multa de mil a dos mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización vigentes).
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Además, ante esta inacción tendrá que ser inhabilitado para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 12 años, no obstante, el legislador propuso que, si con motivo de dicha omisión resultan personas con lesiones graves o fallecidas, la pena se incrementará hasta dos tercios.
El pasado mes de septiembre, el municipio de Tula registró una inundación como consecuencia del desbordamiento del río lo que derivó en la muerte de 17 personas que estaban internadas por Covid 19 en el Hospital del IMSS en este municipio, pues a las instalaciones ingresó el agua provocando que los ventiladores dejarán de funcionar.
Sobre el desastre, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar refirió el pasado mes de noviembre durante la entrega de su glosa de actividades, que el pasado 6 de septiembre a las 10 de la noche el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le informó que esperaran respecto al incremento del nivel del río.
Pero a la 1:30 de la mañana del día siete ya se estaban inundando, “el delegado de Conagua me dijo vamos aguantando, no pasa nada, a la 1:30 ahora si viene todo, y a esa hora ya teníamos el agua encima” expuso.
Luego de estos hechos, el diputado Rodrigo Castillo propuso castigar con cárcel la omisión de las autoridades de emitir alertas cuando se trate de desastres.
Además, busca incluir que, a la persona que en razón de su actividad o profesión omita informar a las autoridades de PC, se le imponga de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de hasta 1 mil 600 UMAs.
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