El diputado Luis Ángel Tenorio Cruz presentó una iniciativa al Congreso de Hidalgo para que sean sancionables tanto públicos como privados que pidan a la ciudadanía actas recientes de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento de la paternidad, entre otras, con multas de hasta 962 pesos.
El legislador explicó que el costo de estos documentos puede implicar un daño económico para las familias de escasos recursos pues en algunos casos el cobro llega a ser de hasta 90 pesos.
“Para un gran número de personas esta cantidad puede significar entre comer o pagar el acta solicitada”, expuso.
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Por lo anterior propuso establecer en la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo que a la persona que solicite actas recientes sea sancionada por el Registro del Estado Familiar con una multa de 1 a 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es decir, de 96.22 pesos hasta los 962. 20 pesos.
Esta sanción aplicará tanto para funcionarios como privados que la soliciten, únicamente cuando exista queja previa por parte de la persona afectada.
El artículo 397 de la citada Ley establece que el Estado Familiar solo se comprueba con las constancias relativas que expida el Registro del Estado Familiar, las cuáles no se sujetarán a temporalidad para su vigencia desde su expedición, al igual que las copias certificadas de las mismas, salvo que sean ilegibles, sufran modificaciones que destruyan, alteren su contenido o sufran alguna modificación por autoridad judicial y administrativa.
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Con la reforma propuesta, se busca asegurar que no solicitarán actas recientes a las personas pues esto puede afectar en su económica familiar.
“Solicitar un acta de nacimiento con determinado tiempo de expedición puede considerarse un factor de exclusión para aquellas personas que no pueden solventar un acta certificada”, dijo el legislador.
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