Tras firmar la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes la reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México, la campaña Sin Maíz No Hay País resaltó que ahora la iniciativa se debe traducir en acciones y proyectos que impacten al sistema agroalimentario nacional encaminados a la protección de las especies nativas y a la salud de la población desde la alimentación.
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Monserratt Téllez Serrano, integrante de esta organización involucrada directamente en las reformas a los artículos cuarto y 27, aseguró que uno de los trabajos pendientes es el monitoreo y trazabilidad de rutas de los granos genéticamente modificados importados, especialmente de Estados Unidos, para saber a dónde va y cómo se maneja, al detectarse contaminación en los cultivos.
Entrevistada por La Jornada, precisó que otro punto necesario a trabajar es identificar cómo se harán las evaluaciones de los peligros por la circulación de estas variantes en el país. En el caso de la industria de la masa y la tortilla, por ejemplo, indicó que debe de haber claridad si habrá un uso, porque la población tiene derecho a exigir un riesgo cero para su salud.
Señaló que es importante verificar cómo el sector de la biotecnología categoriza a los maíces transgénicos, a los que son modificados genéticamente y las razas nativas, porque en algunas ocasiones se categorizan como equivalentes, y eso implicaría que no exista algún peligro. “En México tenemos que llegar al riesgo cero que queremos tener para nuestra salud y para nuestro patrimonio biocultural”.
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Con los efectos del cambio climático y el calentamiento global, apuntó que existe un contexto difícil para las pequeños y medianos productores del país, ante la falta de agua. Por ello, señaló que también se deberá analizar cómo serán los procesos de tecnificación de riego o la distribución de concesiones del líquido para que las producciones no disminuyan.
Recordó que el cuidado a las 59 especies nativas del maíz mexicano se ha dado desde el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al buscar la regulación de las variedades genéticamente modificadas en el país desde la siembra hasta el consumo.
Por: Daniel González Delgadillo
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