La reacción social sobre el presunto feminicidio de la doctora Beatriz a manos de policías municipales de Progreso de Obregón sume a este municipio en una grave tensión social que nadie puede predecir qué consecuencias tendrá porque el proceso judicial ha provocado una creciente inconformidad ciudadana con el presidente municipal que tiene una actitud equivocada que conduce a la ingobernabilidad.
El ex militante del Partido del Trabajo (PT) instituto político por el que fue regidor hace tres administraciones postulado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha mostrado sensibilidad ante este grave acontecimiento, por el contrario trata infructuosamente de politizar este crimen, que la corporación policial trató de hacer parecer como suicidio.
Conforme se han desarrollado las investigaciones y se conocen testimonios de testigos y familiares las conclusiones que empiezan a surgir son otras diferentes, pero tendrá que ser la investigación y las pruebas forenses las que den los argumentos para que sea un juez que determine la responsabilidad judicial de cada uno de quienes intervinieron, por lo pronto hay 7 policías en prisión preventiva.
Pero lo que hace a lo social y a lo político, el partido que postuló a Armando Mera Olguín, solo alcanzó a pedir un minuto de silencio en el Congreso local por el presidente de la mesa directiva Ricardo Baptista González, pero nadie ha salido a dar declaraciones sobre el tema, dejando solo y a su suerte al alcalde, que hoy prueba en carne propia la reprobación de la sociedad.
En Progreso de Obregón, todavía se recuerda cuando Mera Olguín encabezó un “juicio popular” a un presidente municipal petista partido en el que entonces también militaba, el argumento era incumplimiento de obras, nada que ver con el motivo por el que crece la inconformidad social en su contra: el presunto feminicidio de la doctora Beatriz Hernández Ruiz.
En este escenario es apropiada la postura del gobierno estatal, de que en caso de ser necesario se pedirá el apoyo del gobierno federal, es decir de la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar polarización en este municipio y evitar cualquier intento de politizar este probable crimen, aun así, el gobierno de Mera Olguín, parece condenado al fracaso.
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