La diputada Citlalli Jaramillo Ramírez propuso reformas al Código Penal del estado para sancionar a quienes roben agua, a través de tomas clandestinas, y dañe o hurte instalaciones de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En ese sentido, expuso que la propuesta establece duplicar la punibilidad si el robo se realiza respecto de cualquier bien, equipo, componente o accesorio compuesto de material de cobre, hierro, aluminio o fibra óptica y utilizado en la prestación de servicios públicos, suministro de gas, instalaciones hidráulicas, partes de medidores de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, equipamiento urbano, industrial o agrícola.
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Asimismo, si se hurtan vales impresos o dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica utilizados para canjear bienes y servicios; y de bienes que integren la infraestructura destinada a la prestación de los servicios.
Sanciones por robo de agua en Hidalgo
Además, propuso añadir el Capítulo XI denominado Sustracción o Apropiación de Agua Potable del Servicio Público, en el que se establece que el que sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por la autoridad competente, sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica pública, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 unidades de medida y actualización.
De igual manera, se equipará al delito de sustracción o apropiación de agua potable el comercializar o explotar agua potable sustraída o apropiada; transportar, suministrar o distribuir por cualquier medio el agua potable sustraída o apropiada.
En estos casos se sancionará cuando la cantidad sea mayor mil litros, pero menor o equivalente a 5 mil litros, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de 100 a 200 unidades de medida y actualización.
Cuando la cantidad sea mayor 5 mil litros, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 150 cincuenta a 300 unidades de medida y actualización; además, el que dolosamente altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios se impondrá de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 unidades de medida y actualización.
Por último, el que altere los medidores de consumo de agua, con objeto de aprovechar indebidamente el consumo de esos fluidos o de lucrar en beneficio del usuario, se le impondrá de uno a dos años de prisión y multa de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
De acuerdo con la legisladora, dicha propuesta tiene fundamento en la urgencia de tomar cartas en el asunto sobre el tema, por lo que deben generarse estrategias que garanticen el correcto uso de este recurso natural y se castiguen las prácticas de robo de agua y a las instalaciones de la infraestructura.
“Dado a que no se ha podido garantizar el libre acceso al agua, algunas personas han visto la oportunidad de sacar provecho de este fenómeno mediante la sustracción o apropiación del agua potable de la infraestructura hidráulica pública y poder venderla a las personas que demandan este líquido.
“Esta situación ocurre en todo el estado, pero de manera particular en las zonas metropolitanas, tomando mayor énfasis en la capital hidalguense y la zona conurbada, la cual es administrada por la CAASIM”, dijo.
Enfatizó que según datos del organismo operador del agua existen aproximadamente 150 mil tomas clandestinas, de donde se sustraen diariamente 2 millones de litros de agua; las tomas son domiciliarias, industriales y comerciales. Además, en lo que va de la presente administración se han clausurado 2 mil 943 tomas clandestinas, fueron iniciadas más de 30 carpetas de investigación por robo de agua y una de ellas por la extracción con el uso de pipas.
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El daño calculado a la hacienda pública es de alrededor de 18 millones de pesos.
De acuerdo con datos del CONEVAL, en México la población que tiene suministro diario de agua dentro de su vivienda es del 53.6 por ciento; en Hidalgo el porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento es del 39.2, es decir, menos de la mitad de la población.
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