Anécdotas aparte – y vaya si las hubo –, el “Diálogo” inaugural para la reforma del Poder Judicial fue un ejercicio interesante a pesar de haber sido realmente un abundante monólogo. Formato y número de participaciones dificultan la discusión de las opiniones, ya no digamos un debate serio, lo más deseable ante una propuesta de tantas aristas y repercusiones por analizar.
Para empezar se reafirmó la posición política del grupo parlamentario triunfador en las elecciones de hace un mes, a través de los legisladores actuales y futuros: la reforma constitucional se aprobará en sus términos, y su núcleo, la elección directa de juzgadoras y juzgadores es irreductible.
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Es posición entendible e indiscutibles los argumentos en clave democrática: fue el mandato de la ciudadanía expresado en las urnas. La contundencia de los resultados electorales deja poco margen para matizarla. Aceptable también algún reproche a la distancia tomada de otra convocatoria.
De la otra orilla vinieron los razonamientos técnicos, jurídicos, sin soslayo de la condición política ni la necesidad de un cambio; tampoco se descalificó el contenido de la iniciativa presidencial, y fue asumida la responsabilidad de la lejanía con la población justiciable.
El punto toral se abordó con diferentes perspectivas, tuvieron sólidos argumentos y fundamentos las más, advirtieron riesgos, recordaron parámetros internacionales y, lo más importante, propusieron alternativas para realizarlo, privilegiando la seguridad jurídica de las y los justiciables mediante un proceso sin precipitaciones, una sustitución escalonada en los órganos jurisdiccionales conforme las vacantes y la permanencia de la carrera judicial.
La importancia del federalismo judicial apenas asomó en la intervención de quien debió ser su voz más potente por representarlo, para puntualizar el impacto de la reforma en los poderes judiciales de las entidades federativas.
Era el espacio para presentar cifras de asuntos tramitados, estadísticas, valoraciones de la problemática en los órganos jurisdiccionales locales, su disparidad orgánica y presupuestaria, la elemental cantidad de impartidoras e impartidores de justicia en los estados y la Ciudad de México, indispensables para, cuando menos, una aproximación a las consecuencias en la calidad de la justicia regional, las complicaciones de aplicar la reforma en regiones de alto riesgo, el costo de una sustitución masiva, y defender su respetabilidad ante las descalificación generalizada sin bases.
A diferencia del Poder Judicial federal presente ahí por varias voces, de los locales hubo una y pareció poco contundente. El “Diálogo” de Puebla será la oportunidad para reivindicar esa representación.
Por fortuna, el tema fue visibilizado en otras intervenciones por indispensable, y también solidariamente, lo hicieron representantes de instancias federales al valorar la pertenencia de juezas, jueces, magistrados y magistradas locales al espacio de aplicación de la normativa constitucional propuesta.
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Quienes lo mencionaron saben, pues en su trabajo es la materia, de la importancia de una judicatura de primera instancia, responsable del encuentro inicial de las personas en conflicto legal.
De lo ideológico a lo demagógico, pasando por lo técnico, lo insulso y hasta lo estridente, escuchamos treintaicinco exposiciones, algunas notables por inteligentes, objetivas y sobre todo propositivas. De todo lo escuchado se obtiene una primera, grande y valiosa conclusión: es posible construir sin destruir, sobre valores inmutables como la independencia judicial.
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