Por mayoría de votos, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) libraron de un arresto de 24 horas a la presidenta municipal de Apan, Zorayda Robles Barrera, resolviendo el cumplimiento de la sentencia en la que se le denunciaba por no entregar información a una regidora.
Aunque se acreditó que lo realizó de manera extemporánea, la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga propuso al pleno imponerle un arresto por un tiempo máximo de 24 horas, pero la magistrada Lilibeth García Martínez y el magistrado presidente Leodegario Hernández Cortes rechazaron la medida al considerarla excesiva.
El juicio tiene origen en el juicio ciudadano que interpuso la regidora María Gloria Hernández Madrid a finales de 2025, donde denunció la omisión de la alcaldesa de entregarle la documentación relativa a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, así como sus anexos, que en ese momento estaba en su etapa de discusión y aprobación.
El 7 de noviembre, el Tribunal declaró fundado el agravio y ordenó a la presidenta municipal entregar la información que le requería la asambleísta en un periodo máximo de 5 días, sin embargo, no acató la sentencia.
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Ante ello, se ingresó un incidente de incumplimiento de sentencia acreditado por el Tribunal local y ordenando que en un plazo de 24 horas diera cumplimiento a lo ordenado o de lo contrario sería acreedora a un arresto como medida de apremio.
De acuerdo con la relatoría de hechos, Zorayda Robles fue notificada el 12 de diciembre de esta resolución, y ese mismo día el Oficial Mayor del municipio acudió al domicilio de la regidora para entregarle la información solicitada, sin encontrarla, por lo que acudió al día siguiente teniendo el mismo resultado.
Se mencionó que en estas visitas se dio constancia de haber acudido al domicilio con la documentación y dejarle una notificación que en la próxima asamblea del 17 de diciembre se le entregaría.
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No obstante, la magistrada Rosa Amparo señaló que no se comprobó que tales documentos fueran las constancias certificadas y si se trataba de la misma Ley de Ingresos que en su momento estaba en discusión, motivo por el cual propuso el arresto.
Ante ello, la magistrada Lilibeth García Martínez defendió que se comprobó la intención de entregarla y el magistrado Leodegario Hernández consideró el arresto como una medida de apremio excesiva que solo debe aplicarse cuando exista una conducta rebelde.
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