La Fiscalía General de Justicia (FGJ) advirtió que “cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional” y que subsista la separación temporal del cargo para la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al señalar que para los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina que denunciaron agresiones físicas y verbales las declaraciones que realizó la funcionaria afuera del Reclusorio Norte “no se acercan a una disculpa pública”.
Por medio de su vocería, la dependencia refrendó que el próximo martes se realizará una nueva audiencia, luego de que los efectivos interpusieron el recurso de revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la disculpa pública, “que no se dio en los términos establecidos en los protocolos que al respecto señalan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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La institución indicó que “toda disculpa pública para ser inequívoca requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, al exponer que la alcaldesa se refirió a los agraviados sin mencionar “su nombre ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”.
En un mensaje transmitido en redes sociales, expuso que “la disculpa pública debe ser eficaz y para ello debe ser inequívoca, es decir que no queden dudas de la disculpa ni que con las palabras o el lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad”.
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Señaló que “una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos con lo que les causó un daño grave e irreparable”.
La Fiscalía indicó que “la disculpa pública refleja un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado, pues describen lo aprendido y lo que debe hacerse para evitar tales acontecimientos y así garantizar el derecho a la no repetición”.
El jueves pasado, en la audiencia solicitada por la defensa de la alcaldesa, la FGJ indicó que la funcionaria reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, pero al ofrecer la disculpa pública a los mandos de la policía la alcaldesa aclaró que eso no implica aceptar su responsabilidad sobre una supuesta agresión.
Por Elba Mónica Bravo / La Jornada
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