Una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) revela que hace cuatro meses, agentes de la policía municipal de Tulancingo detuvieron y llevaron a barandilla a una niña y a un adolescente, por presunto robo de un videojuego.
La denuncia por violaciones a sus derechos ha resultado en una recomendación específica contra el municipio, la cual fue aceptada por la administración, según datos de transparencia.
De acuerdo con la queja, registrada bajo el expediente CDHEH-VT.TB-O118-25, la niña y el adolescente narraron a su madre en casa que fueron entregados a los policías en un quiosco por una mujer que los acusaba de robo. Desde ahí, los agentes los trasladaron a la fuerza en una patrulla hasta el cuartel.
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Una vez en las instalaciones, el conciliador municipal, Juan Carlos Gómez Licona, y las policías Ana Karen Castillo Cadeñanez y Uriel Jair Vargas Peña, presuntamente amenazaron a los menores de edad con encarcelarlos si no decían la “verdad”.
Al adolescente le quitaron su celular, dejándolo incomunicado y borrando las grabaciones que tomó de la violencia que estaban pasando, mientras que a la niña le revisaron la mochila y las libretas, burlándose de su letra, “y que a qué iba a la escuela”.
Quedó asentado por la madre que cuando la niña pidió ir al baño, el conciliador le respondió que “aquí solo hay baños para policías”, lo que provocó que “mi hija se orinó en el lugar”. La madre, en su declaración, afirmó que a los agentes “su llanto no les importaba”.
La detención ocurrió a las 13:30 horas, pero no fue hasta una hora después, a las 14:30, que la madre fue informada de que sus hijos estaban en barandilla. Al llegar, le quitaron su celular y tuvo que pagar 2 mil pesos para que los liberaran.
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Esta actuación contraviene los protocolos legales en México para el tratamiento de menores de edad. La ley establece que los niños y adolescentes no pueden ser recluidos en celdas de detención para adultos. En su lugar, deben ser entregados de inmediato a autoridades especializadas como el DIF o un Juez Cívico para garantizar su bienestar.
Según un oficio, el director de seguridad municipal, Jesús Fernando Hernández Carrasco, envió un informe policial homologado a la visitaduría regional de Tulancingo de la CDHEH. El documento incluía las actas de nacimiento de los afectados, con lo que se confirmó que se trataba de “una niña” y “un adolescente”, corroborando así su minoría de edad.
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