Los seis pobladores de Ixcotla, Lolotla, cuatro hombres y dos mujeres, detenidos el fin de semana pasado por ataques a las vías de comunicación, fueron liberados, luego de que se les vinculó a proceso, pero se les concedió una suspensión provisional por un año, y pidieron disculpas públicas al Estado por alterar el orden y agredir a policías estatales durante el desbloqueo que se mantenía a la Minera Autlán.
La juez de control de los juzgados penales de Pachuca, Karina Vértiz accedió a la suspensión del proceso y como medida instruyó imponer trabajo comunitario y social, no acercarse al lugar de lo hecho por un año, no acercarse a los tres policías agredidos y evitar el uso de armas como el machete (con el cual trabajan como campesinos).
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Durante la audiencia inicial del expediente 1320/2022, se indicó que los y las pobladores si estaban llevando a cabo el bloqueo, por lo que se solicitó la vinculación a proceso, pues se presentaron los inicios, entre estos las testimoniales de tres policías agredidos durante el desbloqueo de que llevaban a cabo del acceso a la Mina de Manganeso de a Compañía Autlán.
Sin embargo, tras la determinación de la vinculación a proceso, la defensa solicitó reconsideración y la suspensión provisional, pues se trata de personas que se vieron involucradas en un hecho social en la defensa de sus derecho al agua.
Tras la suspensión provisional, los cuatro varones detenidos, y las dos mujeres se les dictó la liberación, y cerca de las 17:30 horas salieron los cuatro hombres y posteriormente las dos mujeres.
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La detención de las seis personas se dio para desbloquear el acceso a la Minera Autlán, tras 40 días de impedirles el acceso por su comunidad, pues los lugareños de Ixcotla buscaban contar con los mismos beneficios que otras localidades y que la Minera se negaba a otorgarles, pues hay comunidades a quienes otorgan hasta dos millones de pesos anuales como compensaciones, según se informó.
Sin embargo, tras la molestia en este problema social, tanto de la compañía, como de cerca de 4 mil trabajadores directos e indirectos (como transportistas) se determinó el debloqueo por la fuerza, pues los pobladores permanecieron desde el 5 de septiembre pasado y hasta el 16 de octubre con la medida hasta que se lograran acuerdos.
En estas mesas habían intervenido la delegación de la Secretaria de Gobernación, así como la Subsecretaria de Gobierno en Hidalgo, pero no lograron destrabar el tema, hasta que se llegó al desalojo con elementos de la Policía Estatal.
A pesar de las imágenes de cómo fueron realizado el operativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) avaló el hecho, y descartó que se dieran detenciones arbitrarias. Sin embargo, se desconoce su los detenidos buscarán presentar queja ante la instancia nacional.
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