Ningún funcionario público, especialmente de primer nivel, o aspirante a ocupar un cargo de elección popular deberá contar con antecedentes de violencia de género, ser deudor alimentario, o tener registro de denuncias por acoso sexual.
Así lo propuso el diputado local de Morena, Víctor Guerrero Trejo, al presentar una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado en la que deberá incluirse como requisitos para funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
Es decir, que no deberán ser deudores de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.
El legislador local señaló que a la par de cuestionar si un funcionario tiene antecedentes de corrupción, también se tenga la garantía de que no cae en los tres aspectos que favorecen las prácticas machistas, estereotipos de género, discursos de odio, entre otros que impiden el acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
“Requerimos elevar el nivel de la ética pública y contar con leyes que sancionen los distintos tipos y modalidades de violencia en la administración pública local y municipal, y en la administración e impartición de justicia”, expuso Víctor Guerrero.
La iniciativa plantea que estos requisitos apliquen a todo aquel que quiera acceder a todo cargo de elección popular, cargo por nombramiento o designación, así como aquellos por convocatoria o concurso.
Entre ellos se incluye el cargo para gobernador, procurador, presidentes municipales y directores, “y en general a toda persona que desempeñe un cargo público o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal estatal que se considere como servidor público”.
Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral aprobó en días pasados la aplicación de esta Ley como parte de los requisitos para quienes deseen participar en las próximas elecciones del 2021.
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