A la par del anuncio del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y de la dirección general de Pemex, que endurecerá las acciones contra el robo de hidrocarburos en esa entidad, las diputadas y diputados del PRI elaboraron una propuesta de reforma -que llevaron a su dirigencia nacional- cuya pretensión es elevar las penas contra las personas que incurran en ese delito.
Los priístas consideran en su propuesta que “enfrentar al huachicol, cómo se propuso en la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe comenzar por limpiar la casa en Hidalgo pues desde delincuentes hasta empresarios, propietarios de empresas fachada continúan impunes tras haber sido acusados de este delito.”
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El pasado 30 de noviembre, el gobernador de Hidalgo tras sostener una reunión con el director de Logística de PEMEX, Javier González del Villar, reconoció haber encontrado que servidores públicos -sin revelar nombres aún- pueden estar involucrados en el delito de robo de combustible y otros, que derivan de éste como el cobro de piso y otras prácticas delincuenciales.
Los priístas hidalguense -quienes pidieron no revelar sus nombres por “temor a represalias”- sostienen que uno de los empresarios, que “estaría” involucrado es “Juan Carlos Tapia Vargas además quien además de haber sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) al haberse localizado tomas clandestinas de los ductos de PEMEX en instalaciones de su empresa Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) en Hidalgo; también fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por sus vínculos en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Tapia Vargas es uno de los empresarios hidalguenses con mayor desprestigio no solo en la presente administración, sino que arrastra acusaciones desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, por su implicación en el escándalo Odebrecht.”
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La propuesta de los hidalguenses del Revolucionario Institucional (que habrá de procesarse en la Cámara d Diputados federal), contempla endurecer el castigo penal contra los huachicoleros, y en este caso conlleva como caso emblemático el del empresario referido, quien “ha recibido contratos en instalaciones de PEMEX de Tula, Hidalgo, Salina Cruz, Oaxaca y en el municipio de Paraíso Tabasco, donde se construye la refinería Olmeca de la localidad de Dos Bocas; una de las obras insignia del gobierno federal y que le ha generado la asignación de contratos que superan los 400 millones de dólares. Y ha crecido al amparo y protección de funcionarios como Emilio Lozoya”, señalan.
Por: Roberto Garduño / La Jornada
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