Tras el incremento del delito de extorsión en 2022 en un 114 por ciento, comparado con el 2021, según cifras recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) estableció la facultad y obligación para investigar y perseguir dichos actos.
Así lo dio a conocer encargado del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto, quien informó que en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) se publicaron dos acuerdos importantes en el marco de la transición de Procuraduría a Fiscalía.
En el primero se establece la obligación para investigar y perseguir, los delitos de fraude cometidos telefónicamente, extorsión, delitos conexos y concurrentes a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la PGJEH.
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Es incremento fue informado en el segundo considerando, donde se indicó que la carpeta de investigación iniciados hola procuraduría pasaron de 108 a 232.
La extorsión se convirtió el principal delito en dos entidades federativas del centro en las cuales se encuentra Hidalgo. Este delito afectó especialmente a los más vulnerables y un aumento en la percepción de inseguridad en el país.
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Relativo al segundo acuerdo la Procuraduría establece los lineamientos para el procedimiento de solicitud de declaratoria de abandono de los bienes que se encuentran a disposición de la PGJEH.
En esta publicación establecen las directrices que deberán observar las que son las personas agentes del ministerio público en el procedimiento de solicitud para la declaración de abandono de los bienes que se encuentran a su disposición, a favor del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado.
Aquí es necesario que los agentes del ministerio público cuenten con un inventario, donde estén clasificados los bienes a su disposición, estableciendo si son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto de un hecho delictivo.
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