El Congreso del Estado de Hidalgo busca que las niñas, niños y adolescentes cuyas madres o referentes afectivos han sido víctimas de feminicidio reciban una pensión económica digna al ser víctimas de violencia intrafamiliar y de género, garantizando el interés superior de la niñez.
La diputada local Erika Rodríguez Hernández quien propuso la iniciativa señaló que “una de las consecuencias del feminicidio contra mujeres madres ha invisibilizado a hijas e hijos, víctimas de este delito, al sufrir violencia sistemática y ser testigos de cuando se lastima a alguien a quien ellos quieren, especialmente, la pérdida de su madre”.
El objetivo es dar la facultad titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar pensiones a los beneficiarios de las victimas de feminicidio, aunando a lo que establece el Código Penal para el Estado de Hidalgo con relación a la reparación de daños y perjuicios para feminicidio.
En este caso, sería la Secretaría de Desarrollo Social la encargada de emitir los lineamientos que regulen la operatividad de los beneficiaros, el monto será determinado por la Secretaría de Finanzas y tendrá una vigencia hasta que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, prorrogable hasta los 25 años siempre y cuando siga estudiando.
La legisladora explicó que estas circunstancias develan la presencia de altos índices de impunidad que además de perpetuar la violencia contra las mujeres, genera graves afectaciones en el entorno familiar.
“Los efectos de este tipo de violencia son devastadores para los niños, niñas y adolescentes; requieren del apoyo cercano de la comunidad y de las instituciones del sistema de protección a la infancia” expuso.
Indicó que las hijas e hijos huérfanos por feminicidio, presentan grados de afectación, con intensa repercusión social y psicológica, la gravedad de sus consecuencias físicas puede llevar a problemas de salud, riesgos de alteración de su desarrollo integral, sentimiento de amenaza, desequilibrio emocional y adopción de comportamientos violentos con las personas que los rodean y requieren de una atención especial debido a que consideran primordial el bienestar de estas víctimas indirectas”, añadió la legisladora.
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