Los ayuntamientos de Pachuca y Tepeapulco fueron denunciados ante el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) por omitir la entrega de información a sus asambleístas que les fue requerida para el desempeño de sus funciones, por lo que la autoridad les ordenó cumplir con su responsabilidad.
En sesión ordinaria, los magistrados resolvieron el recurso interpuesto en contra de la presidenta municipal de Tepeapulco, Marisol Ortega López, por parte de los regidores María Guadalupe Gabriela Miranda Pallares y Marcelino Pérez Ramírez por la omisión de contestar las peticiones formuladas desde agosto y septiembre pasado.
Aunque el ayuntamiento informó que si les dio contestación, las pruebas presentadas resultaron insuficientes para acreditar el cumplimiento y garantizar que los asambleístas si recibieron los datos solicitados, por lo tanto, se constituye una violación al desempeño de sus funciones.
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Ante esta resolución, el Tribunal determinó la obligación de la presidenta municipal para dar contestación al escrito de los accionantes en un plazo no mayor a tres días e informar a dicha autoridad sobre el cumplimiento.
Por otra parte, la síndica de Pachuca, Liliana Mera Curiel denunció al presidente Sergio Baños Rubio y al secretario de Obras Públicas del municipio por no entregarle información solicitada desde julio pasado.
Aunque el edil se excusó diciendo que estaba en tiempo para cumplir con esta obligación, el Tribunal determinó que ya ha transcurrido un tiempo excesivo por lo cual debe cumplir con la petición de la sindica en un plazo de cinco días.
El Tribunal Electoral local consideró que dichas conductas son una vulneración de sus derechos político-electorales por parte de los alcaldes con sus iguales al no permitirles el pleno desarrollo de su ejercicio para el que fueron votados.
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Por ello exhortaron a las autoridades de abstenerse de negar la información a sus asambleístas y proporcionarla en tiempo y forma.
Dentro de la misma sesión, se declaró infundado el agravio expuesto por la síndica de Tlaxcoapan, Erika Mendoza García quien denunció el incumplimiento de sentencia por parte del municipio al no entregarle los datos solicitados, pero los magistrados resolvieron que si se dio por cumplida y resolvieron infundados los agravios.
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