La elección del gobernador Omar Fayad para ejercer la vicepresidencia de la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales, con la representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, abre una gran oportunidad para actualizar la relación de los gobiernos locales con los organismos internacionales.
La Red LATAM de Gobiernos Regionales pertenece a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, organización internacional que agrupa y representa 16,000 municipios y gobiernos locales de América Latina y el Caribe.
Al protestar el cargo, el gobernador de Hidalgo hizo de inmediato dos propuestas: construir la agenda de trabajo y, realizar una cumbre presencial de líderes de los gobiernos subnacionales, municipales y de las ciudades de Latinoamérica.
Puntualizó el también presidente de la CONAGO que actualmente los gobiernos subnacionales, los municipios y las ciudades, viven interconectados por la intensa globalización de las últimas décadas y que existe entre ellos una interdependencia comercial y económica al más alto nivel. Por esa razón propuso construir una agenda política coordinada que corresponda a dicha integración.
En este mismo espacio hemos tratado el tema en otras ocasiones, para señalar la importancia de abrir todas las vías hacia las relaciones internacionales y lograr que las entidades integrantes de los Estados con sistema federal, caminen por ellas y aprovechen las oportunidades que ofrecen, la cooperación internacional, por ejemplo.
Cabe insistir aquí en esa barrera que impide las relaciones directas de los gobiernos locales con las organizaciones multinacionales, las que representan a los gobiernos nacionales conforme a las reglas del derecho internacional, así como aquellas que reúnen representaciones de determinada materia para unir esfuerzos en las soluciones para problemas globales, especialmente aquellos que afectan los derechos humanos.
Para mejor explicar comparto el siguiente ejemplo. En ese conjunto de corporaciones con fines especializados, existe la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP, en su lema explica su objetivo: “Por el trabajo conjunto contra los delitos”. Es una apuesta a la cooperación penal internacional contra el crimen organizado. Recientemente realizó Encuentro Valparaiso del que surgió la “Declaración Iberoamericana por el acceso a la justicia como elemento indispensable para afrontar las desigualdades a propósito del impacto del COVID-19”, conjuntamente con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.
Hace unos días, el Programa de la Unión Europea con América Latina para mejorar niveles de cohesión social, EUROsociAL+, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP, lanzaron la campaña Abramos la justicia, dirigida a personas vulnerables; en situación de pobreza, mujeres víctimas de violencia, migrantes, menores, personas con discapacidad, y en general para quienes que no tienen las mismas oportunidades de acceso a la justicia.
El caso es que para acceder a esos proyectos internacionales, las entidades federativas de los Estados nacionales tienen que hacerlo a través de las respectivas instancias federales, y no siempre encuentran en ellas la disposición o el interés para abrir esa relación. Ahí un tema para inscribir en la agenda propuesta por el gobernador Fayad.
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