El caso de Gabriela Esparza, madre víctima de violencia vicaria, volvió a generar indignación luego de que un juez dictara auto de vinculación a proceso en su contra, a pesar de que lleva ocho años sin poder convivir con su hija.
“Mi agresor me demandó por pensión alimenticia, aunque no me permiten verla. Debo 180 mil pesos por una pensión que se acumuló mientras me negaban la convivencia con mi hija. No es justo que haya más de 300 deudores alimentarios libres y a nosotras nos quieran encarcelar”, declaró Gabriela tras la audiencia.
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De acuerdo con el colectivo Mercadita Las Insurgentas, quienes acompañan su caso, el juez Jesús Anim Ope Islas, quien encabezó la audiencia, no juzgó con perspectiva de género pese a los antecedentes de violencia familiar acreditados. “Lamentablemente, el resultado no fue favorable. Es el mismo juez que también vinculó a proceso a nuestra compañera Lilia Fernanda Remes”, señalaron las integrantes.
Gabriela enfrenta una deuda acumulada de 180 mil pesos por pensión alimenticia, aun cuando según relataron los procesos judiciales y la negativa de convivencia por parte de su agresor le impidieron ejercer su maternidad durante casi una década.
Además, el colectivo denunció hostigamiento y amedrentamiento por parte de la abogada Karime Silva, representante del presunto agresor, quien aseguran presume vínculos políticos.
“Nos amenazó diciendo que trabaja para Morena y en el Congreso del Estado, y que procederían legalmente contra nosotras. No vamos a permitir que utilicen sus privilegios para intimidarnos”, expresaron.
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El juez otorgó un plazo de dos meses para que la defensa de Gabriela presente pruebas en su favor. Mientras tanto, las mujeres que acompañan su lucha reiteraron su llamado a las autoridades judiciales para que se garantice el acceso a la justicia con perspectiva de género.
“Gaby no es una deudora, es una madre víctima de violencia vicaria y familiar. Exigimos que el sistema judicial deje de revictimizarla y le permita reunirse con su hija”, concluyeron.
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