Bajemos el volumen al ruido de la coyuntura. Dejemos el balcón de la elucubración sucesoria. Tiremos una mirada federalista para darle dimensión a un hecho inédito. Sin matices, es histórica la presencia en los Congresos de los estados del más alto funcionario de la administración pública federal, después del Presidente de la república. Doble relevancia le da el motivo: pedir el voto favorable de las legislaturas para una reforma constitucional.
Estamos frente a una novedosa forma de cabildeo oficial, hasta ahora ajena a las prácticas centralistas, pues en el proceso de reforma constitucional la remisión a las cámaras locales de las iniciativas aprobadas previamente en las del Congreso de la Unión ha sido un mero trámite, menos importante cuando la mayoría necesaria era segura para dar paso a la promulgación respectiva.
Sea por angas o por mangas el secretario de Gobernación decidió emprender esta práctica parlamentaria. En todo caso, hay un fundamento legal para realizarla: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Gobernación facultades para conducir la política interior del Ejecutivo Federal, fomentar el desarrollo político y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y, conducir las relaciones de aquel con las autoridades locales.
No debe pasar desapercibida la decisión del secretario de hacerse presente en todos los estados de la Federación, sin distingos del color de las mayorías en cada uno, cuando bien pudo hacerlo y acudir únicamente en los de diferente signo político al del gobierno de la república, ante la evidente aprobación de los afines.
Visto desde la otra orilla, se abrió la oportunidad para los grupos legislativos locales de mostrar su conocimiento del tema en discusión. Parecerá contradictorio, pero el compromiso es mayor para los de igual militancia partidaria a la del promovente, pues de irse por la fácil y solo reiterar apoyos huecos, no pasarán del ánimo convenenciero.
Para los bloques opositores, con o sin mayoría de curules, la ocasión no tiene desperdicio, les obliga a mostrar la calidad de su argumentación, a debatir con altura y convencer con un discurso sólido sustentado en los principios de sus respectivos partidos, aun sin posibilidad de ganar la votación.
Ambos están igualmente expuestos al escrutinio político y la calificación mediática si no advierten del seguro éxito de la iniciativa con implícito tránsito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía controversia constitucional, cuya resolución pudiera incluir la desautorización de sus razones y votos.
De las condiciones políticas en cada entidad federativa dependerá el éxito de este ejercicio en términos de su contribución al sistema federal. La responsabilidad de las y los actores políticos la determinarán y serán, además, reflejo de sus avances y retrocesos.
De la reciente experiencia en Hidalgo se advierte un primer saldo positivo. Destacan dos elementos: la civilidad de la sesión a partir de la exhibición de la pluralidad política del Poder Legislativo y el discurso austero, mesurado, en el fondo y la forma, del gobernador del estado.
Esta nueva fórmula legislativa, descalificada desde otras ópticas, puede abonar al federalismo parlamentario mexicano en el marco del procedimiento reformador constitucional. Sin advertirlo, ganan las entidades federativas en su relación con el gobierno federal. Lo consecuente sería no dejarlo en flor de un día.