Luego de que el Ayuntamiento Pachuca diera inició a un procedimiento administrativo de embargo contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un adeudo acumulado de tres años en el pago del impuesto predial, correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, que asciende a 802 mil 450 pesos, la cantidad más alta registrada entre las fuerzas políticas con presencia en la entidad.
El alcalde Jorge Reyes Hernández, señaló en entrevista con medios de comunicación que se trata de un proceso legal ordinario aplicado a cualquier contribuyente persona física, moral o institución que omita sus obligaciones fiscales, y negó que se trate de un acto con motivaciones políticas.
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“Es un proceso más como los que hemos iniciado contra otros deudores. En este caso, el PRI tiene tres años sin pagar. Primero se les hizo la invitación al pago; al no recibir respuesta, por ley tuvimos que iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)”, explicó el edil.
Proceso en manos del Tribunal
De acuerdo con Reyes Hernández, el PRI presentó una inconformidad, lo que trasladó el caso al Tribunal de Justicia Administrativa. Mientras no exista una resolución firme, el embargo no podrá ejecutarse.
El ayuntamiento informó que como parte del trámite se dejó en garantía un inmueble de menor tamaño propiedad del partido, aunque el destino final de este dependerá del fallo judicial.
“No podemos ejecutar un embargo hasta que el tribunal resuelva. Pero en la mayoría de los casos, estas resoluciones salen a favor del municipio y se termina en un acuerdo de pago”, señaló.
Negociaciones previas y facilidades
El edil precisó que hubo acercamientos previos entre la Tesorería municipal y representantes del PRI para buscar un acuerdo, pero al no concretarse el pago, se procedió legalmente.
En caso de que el fallo sea favorable al ayuntamiento, se podrán establecer convenios para cubrir el adeudo en parcialidades, con plazos de entre tres y seis meses, dependiendo de la cifra y de lo que determine la autoridad judicial.
Otros casos similares
Reyes Hernández destacó que el municipio mantiene procedimientos similares contra empresas, personas físicas y morales, e incluso instituciones educativas, como la Escuela Americana, que recientemente comenzó a regularizar su situación.
También mencionó el caso de una plaza comercial ubicada en San Javier y diversos desarrollos residenciales con adeudos históricos.
“A todos se les está invitando a pagar lo justo. En caso de incumplimiento, se inician procedimientos para evitar caer en omisión por parte del municipio”, afirmó.
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Rechaza uso político del caso
El alcalde rechazó las declaraciones del dirigente estatal del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante, que sugieren revanchismo político.
“Aquí no hay persecución; hay aplicación de la ley. Se trata de ingresos que necesitamos para infraestructura y servicios. Actuamos con transparencia, como con cualquier otro contribuyente”, aseguró.
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