El ex titular de la Procuraduría General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, fue ingresado al área de juzgados del Reclusorio Norte, donde comparecerá ante un juez de control donde el Ministerio Público Federal le imputará la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, relacionados con la investigación del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A bordo de una camioneta suburban escoltada por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), el ex funcionario arribó a las 7:30 al centro penitenciario de la Ciudad de México luego de haber permanecido más de 12 horas en instalaciones de la FGR que se localizan en la colonia Tacubaya.
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Murillo Karam, de 74 años de edad, fue detenido ayer a las 15:30 horas, según el registro nacional de detenidos, afuera de su domiclio en la colonia Lomas de Chapultepec, sin oponer resistencia.
El personal de la FGR le notificó la existencia de un mandamiento judicial y también de los derechos que le asistían.
Entre octubre y noviembre de 2014, Murillo Karam y su equipo construyeron la llamada verdad histórica que señala que un número indterminado de estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados al basurero de Cocula y sus cuerpos fueron incinerados en el lugar por órdenes de los jefes regionales de Guerreros Unidos.
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Entre los principales colaboradores de Murillo Karam destacaron el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó de México y se ocuta en Israel, y Gualberto Ramírez Gutiérrez también prófugo de la justicia. En ambos casos se les libraron órdenes de aprehensión por el delito de tortura en contra de implicados en la desaparición de los normalistas.
La audiencia inicial está programada para las 9:00 horas, y podría durar varias horas, toda vez que la diligencia tendrá varias etapas, la primera de ellas consiete en que el juez declare la legalidad de la aprehensión, posteriormente el Ministerio Público Federal deberá presentar la imputación y vendrán los alegatos de la la defensa del ex procurador, en cuyo caso también puede pedir que se otorgue la ampliación de plazo para que se defina su situación jurídica dentro de tres días.
Una vez que se se decida la etapa de imputación, el juez acordará las medidas cautelares que impondrá al ex funcionario o si determina que debe permanecer en prisión preventiva.
Por Gustavo Castillo y César Arellano / La Jornada
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