Integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que era inconstitucional penalizar el aborto. Esto ocurrió en este septiembre.
Así, todos los jueces no podrán sancionar a mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
La ponencia fue del ministro Luis María Aguilar, y encontró eco unánime entre sus compañeros.
Esto no aplica en casos en que se ejerzan coacciones para obligar a dar este paso a quienes esperan bebé. Lo que se defiende, y respeta, quedó muy claro, es el derecho femenino a tomar determinaciones sobre su propio cuerpo.
Hasta ahora pocos congresos estatales se habían pronunciado en dar luz verde a la interrupción de la gestación, pero aún faltaban más; inmensa mayoría.
Otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estableció que “no es posible que las legislaturas locales puedan definir sin bases científicas, cuándo comienza una vida humana” y menos utilizarlo para limitar los derechos de las mujeres en salud sexual y reproductiva.
Hubo otra declaración, sensible, de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Citó que la Constitución no prohíbe el aborto y que castigarlo es como sancionar los derechos de la mujer a la dignidad humana, la autonomía, la igualdad jurídica, la salud y la libertad reproductiva.
Andrés Manuel López Obrador fue convincente. “La decisión debe respetarse, no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad”.
Falta aún, no menos importante, como las instituciones de salud prestarán apoyos a quienes opten por la suspensión de su embarazo.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó crear un grupo especial de defensores públicos para representar legalmente a las mujeres actualmente presas o sujetas a proceso por abortar.
El presidente de la Suprema corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo sobre la resolución que no era mérito de la institución que preside, sino de las mujeres “como una marea verde” se han manifestado y trabajado para conseguir la despenalización, y enfatizó: “Se trata que las sentencias de la Corte no se queden solo en “los medios ni en los libros, sino que se hagan realidad”.
En el transcurso hubo grupos que se manifestaron contra lo acordado por la Suprema Corte, abanderando que se quita la vida a un ser vivo, en normal gestación, aunque no llegaron a ser violentos, ni abiertamente confrontativos
En el epílogo de lo anterior, hubo un planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al informar que cada año se registran 19 millones de interrupciones de embarazos sin condiciones de calidad y seguridad, y que de estos el 97 por ciento se incuban en países en desarrollo.
Asimismo, que 13 por ciento de las muertes maternas a nivel global donde la práctica del aborto es insegura. En México, hasta 2019 era la cuarta causa de mortalidad materna.
Pero no solo en nuestro país hay controversias por el espinoso tema.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo con información de una agencia, presentó una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos después de seis semanas de gestación.
“La ley es claramente inconstitucional”, dijo el fiscal general, Merrick Garland.
La demanda se produce después de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora tras el gobierno de Donald Trump, se negara a bloquear la ley de aborto de Texas, en un fallo de cinco contra cuatro.
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