La falta de presupuesto y su aplicación efectiva es una de las principales razones por las que aún no se garantiza la seguridad de las mujeres, lo que influye no sólo en la falta de espacios de protección para víctimas de violencia, sino que también genera una necesidad de recursos humanos y materiales para atender las denuncias e investigaciones cuando se presentan casos de feminicidios.
En Hidalgo, activistas en la defensa de los derechos de las mujeres coincidieron en reconocer que el marco legal para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a una vida libre de violencia y la justicia para víctimas de feminicidio está completo, pero no da resultados porque no cuenta con el presupuesto que debería destinarse desde los municipios, el Estado y la Federación.
Ninde MolRe, abogada especialista en temas de género y derechos sexuales y reproductivos, consideró que si existe incertidumbre por el destino de los recursos de un país, éstos no deben de recortarse ni eliminarse, sino por el contrario, auditarlos e investigar el destino que tuvieron para no dejar de etiquetar fondos para un fin necesario.
El año pasado el Congreso local pidió a la federación etiquetar recursos destinados a la creación de nuevos refugios para mujeres víctimas de violencia pues la entidad apenas cuenta con uno con capacidad para 40 personas, pero al no lograrlo, el diputado Luis Ángel Tenorio Cruz señaló que la propuesta es poder incrementar la capacidad del que ya existe.
Para acceder se debe cubrir una serie de requisitos, como estar viviendo una situación de violencia extrema, entendiendo ésta como lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer, sus hijas e hijos, aislamiento extremo, amenazas, inadaptación a las actividades de la vida diaria.
Además, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguras e intentos fallidos de muerte; ser referidas con previa valoración por las diferentes instituciones públicas o privadas que conforman el Sistema Nacional de Salud.
El tiempo que las mujeres y sus hijos e hijas pueden permanecer en el refugio será de hasta tres meses, periodo en el cual deberán participar en un programa de atención integral y reeducativo para romper con su círculo de violencia.
“El hecho de no querer ampliarlos y que sean omisos, lo único que va a generar es que ante cualquier acto de violencia las mujeres no tengan un lugar seguro para estar… se está exponiendo a las víctimas a esta violencia feminicida, a que regresen con su agresor sino tienen los recursos para refugiarse” señaló Ninde MolRe.
De acuerdo con la activista y abogada feminista Bertha Miranda Rodríguez, el refugio que tiene Hidalgo opera con éxito, pero no cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda de todo el estado, por lo que en ocasiones llegan a recurrir a otros espacios en otras entidades para salvaguardar la vida de víctimas de violencia.
“Es lamentable que no se les destine recursos, pueden tener (las autoridades) en sus discursos el apoyo a la lucha contra la violencia, pero no destinan recursos, aquí se trata de discurso y recurso” añadió la activista.
Durante el 2021 la Red Nacional de Refugios (RNR) brindó acompañamiento especializado y gratuito a través de redes sociales y líneas telefónicas a 12 mil 198 personas, de las cuales el 85 por ciento fueron mujeres.
El 51 por ciento de estas orientaciones se realizaron en la Ciudad de México y el Estado de México, encabezando las solicitudes de apoyo, seguidos de Aguascalientes, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Guanajuato, que representaron el 21 por ciento.
Urgente que autoridades sean capacitadas y sensibilizadas
Lograr un acto de justicia para las mujeres y generar entornos en donde vivan en tranquilidad conlleva a generar una solución que atienda esta problemática desde la raíz, expuso Ninde MolRe, lo que se logrará desde una sensibilización social.
Para ello es necesaria la difusión de los derechos de las mujeres y los hombres, dar a conocer la existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como marcos regulatorios
“El problema no sólo es lograr un acto de justicia por los feminicidios, eso no soluciona el problema de raíz, se debe trabajar para que esta violencia se erradique y que cada vez sean menos hasta que un día nos despertemos sin una noticia de feminicidio” añadió Ninde.
En ese sentido, agregó Bertha Miranda: “tenemos que seguir difundiendo ideas, normalizando que el cuerpo, la vida y las decisiones de las mujeres no les corresponden a los hombres”.
La capacitación a las autoridades es otro paso que debe darse para la atención y seguimiento de denuncias, pues generalmente un feminicidio tiene antecedentes de violencia familiar, laboral o de acoso sexual que llegaron a ser denunciados ante el Ministerio Público pero que no se les dio seguimiento.
De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, el acceso a la justicia integral y la garantía de derechos humanos de las mujeres se han visto obstaculizados debido a la inacción, corrupción, la falta de estrategias articuladas y la impunidad que revictimiza y no les cree a las mujeres.
En 2021 más de 800 mujeres informaron a la Red que solicitaron apoyo a instancias gubernamentales y no recibieron atención, incluso fueron invisibilizadas y violentadas por las instituciones.
Una de las razones para que esto ocurra es la carga de trabajo de los agentes para atender las carpetas de investigación, razón más para etiquetar recursos que sean destinados a contratar personal para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) refirió Bertha Miranda.
Justicia para víctimas de feminicidios, asignatura pendiente
El Código Penal para el Estado en su capítulo I Bis, artículo 139 Bis establece que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer.
En este sentido, establece que se entenderá que existieron razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver o éste sea mutilado.
Además, cuando existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; cuando haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento; y cuando el responsable hubiera tenido una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco o, de hecho.
Así también, se considerará feminicidio cuando habiendo existido entre el responsable y la víctima una relación laboral o docente que implique subordinación o superioridad, en caso contrario a estos supuestos se clasificará como homicidio.
La sanción a imponer por este delito va de los 25 a 50 años de prisión y de 300 a 500 días de multa.
Aunque Ninde MolRe consideró que el marco legal está fortalecido en la entidad, es necesario lograr que se aplique la ley, pues no todos los casos llegan a judicializarse. Al respecto Bertha Miranda lamentó que sólo aquellos que se hicieron mediáticos o donde sus familiares tuvieron acompañamiento legal durante todo el proceso, lograron alcanzar la justicia.
La diputada Erika Rodríguez Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que a pesar del trabajo legislativo realizado, existen temas pendientes necesarios para robustecer el marco legal y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, refirió que dentro de la Comisión tienen alrededor de 10 propuestas o iniciativas relacionadas con la violencia de género, “estamos trabajando en un tema transversal, debe trabajarse en todas las comisiones para realmente estar a la necesidad de la realidad” expuso.
Una de estas propuestas es la iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con cárcel a los funcionarios públicos que filtren información, imágenes, videos o cualquier otro tipo de evidencia de una víctima o hechos de un crimen, conocida como Ley Ingrid.
El objetivo es sancionar al servidor público que de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, distribuya, videograbe, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, e información reservada del lugar de los hechos o del hallazgo de delitos.
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