El 6 de marzo de 2021, en entrevista con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó a los medios de comunicación que durante su administración se han destinado alrededor de ocho mil millones de pesos para diversas obras de movilidad como el Trolebús Elevado y Línea 2 de Cablebús, red hidráulica, educación, sociales como PILARES, entre otras más, en la Alcaldía Iztapalapa.
Por otra parte, la Cámara de Diputados de la CDMX la Comisión de Movilidad Sustentable, aprobó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, destinando al sector de movilidad, en conjunto 29 mil 714 millones 330 mil 48 pesos, de los cuales 2 mil 74 millones 38 mil 258 pesos son para la Secretaría de Movilidad de la CDMX; 3 mil 392 millones 465 mil 477 pesos para el Órgano Regulador de Transporte; y para Entidades, 45 millones para el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón; mil 353 millones 412 mil 812 pesos para el Metrobús; 3 mil 744 millones 716 mil 327 pesos para Servicios de Transportes Eléctricos; 15 mil 652 millones 684 mil 591 pesos para el Sistema de Transporte Colectivo Metro; 2 mil 452 millones 12 mil 574 pesos de la Red de Transporte de Pasajeros y mil millones para el Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.
El presupuesto para la movilidad autorizado en 2020 para el estado de Hidalgo fue de 157 millones 534 mil 909 pesos, de los cuales 10 millones 788 mil 504 pesos son de la Secretaría de Movilidad y Transporte; 101 millones 753 mil 243 pesos son del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo y 44 millones 993 mil 162 pesos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo; que no es comparable ni proporcionalmente con el de la CDMX que apenas representaría el 0.53% de lo autorizado de la CDMX.
Este porcentaje de recursos nos refleja claramente el contraste y alcance que tiene cada uno de los proyectos que gestionan los estados en materia de movilidad y el poco interés que tiene la federación hacia las pequeñas y medianas ciudades. Tal es el caso de Pachuca, Tulancingo y otros municipios de la entidad, que tienen raquíticos recursos para ejercer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, tal y como lo indica el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Garantizar el derecho humano a la movilidad es una cuestión de interés público que debe guiar las actuaciones y decisiones de órganos integrantes de la administración pública, en sus diversas esferas; que debe satisfacer al mayor número de personas que se hallen en el territorio mexicano, teniendo la obligación constitucional de garantizar el derecho humano a la movilidad, es decir, proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho de todos al libre tránsito, propiciando que los medio de transporte, sean de calidad, eficientes, con criterios ambientales, brindando con ello un lugar seguro para transitar, vivir en paz y con dignidad.
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