La semana pasada hablaba de los beneficios que representa la construcción de ciclovías en la ciudad, el impacto económico y social que tiene este tipo de infraestructura no motorizada; entonces, si la construcción de ciclovías es positiva y mejora nuestra calidad de vida y progreso ¿Por qué algunas autoridades y población en general se resisten a este tipo de proyectos?
Primero, existe una percepción errónea por parte de algunos sectores de la población y de autoridades, que consideran que la construcción de ciclovías genera más tráfico vehicular de lo habitual; lo cierto es que no aumenta ni disminuye, sino que genera alternativas de desplazamiento de forma segura para la población, incentivando el tránsito de más personas sobre la vía pública y mejorando los tiempos en los trayectos de quienes desean utilizar la bicicleta como medio de transporte.
Segundo, coincidirán conmigo que algunas personas han expresado en ocasiones que como población aún no estamos preparados para transitar hacia modelos de movilidad sostenible… Incluso hasta las ciudades más vanguardistas del mundo hay una rechazo y oposición hacia la infraestructura para bicicletas. Resulta que quienes se oponen en la mayoría de los casos, están acostumbrados a utilizar el vehículo particular para desplazarse por los diferentes puntos de la ciudad y no quieren perder la comodidad que han tenido todo el tiempo.
Tercero, algunas autoridades señalan que no tiene caso invertir en ciclovías o en infraestructura no motorizada, cuando existe una mayor demanda de vehículos particulares que transitan por la ciudad en comparación con las bicicletas u otros vehículos no motorizados; la realidad es que los gobiernos destinan el 70% de los recursos económicos a obra pública para infraestructura motorizada, siendo estos una población minoritaria que se desplaza por la ciudad y genera caos vehicular.
De acuerdo con cifras del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), en las zonas metropolitanas del estado, poco menos del 30% de la población se mueve en vehículos particulares y el 70% de la población se desplaza en distintos medios de transporte, lo que refleja la inequitativa inversión pública que realiza el gobierno para desplazar a la población.
Está claro que, en la entidad, lo municipios requieren una mayor inversión de obra pública y una cultura de movilidad, que nos permita ser empáticos con los proyectos impulsados sobre la redistribución del espacio público de forma equitativa y segura, que promueva el desarrollo y calidad de vida de las personas.
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