El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo admitió a trámite el juicio de amparo 97/2026, promovido formalmente a nombre de Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, contra actos de jueces penales del Sistema Acusatorio del Circuito Judicial de Pachuca, entre ellos una orden de aprehensión, y concedió la suspensión provisional para evitar que el quejoso sea privado de su libertad mientras se resuelve el fondo del asunto.
No obstante, horas después de que se diera a conocer la existencia del amparo, el propio titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, negó públicamente haber promovido dicho recurso y aseguró que su firma fue falsificada, por lo que presentó una denuncia penal por falsificación de documentos públicos y suplantación de identidad ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
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El amparo y la resolución judicial
De acuerdo con el documento fechado el 30 de enero de 2026 y publicado el 3 de febrero, el juzgado federal ordenó la radicación del juicio, la formación del expediente físico y electrónico y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 97/2026.
Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución federal y diversos preceptos de la Ley de Amparo, la autoridad judicial admitió la demanda, dio intervención al Ministerio Público de la Federación y ordenó la apertura del incidente de suspensión, al haber sido solicitado expresamente por el promovente.
Como medida cautelar, la jueza federal concedió la suspensión provisional “para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada”, hasta en tanto se determine si procede o no la suspensión definitiva. Para que dicha medida surta efectos, se fijó una garantía de 10 mil pesos.
Asimismo, se estableció el 6 de febrero de 2026 como fecha para la audiencia incidental y el 12 de marzo de 2026, a las 13:15 horas, para la audiencia constitucional, en la que se resolverá el fondo del juicio.
El juzgado también ordenó emplazar a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado en un plazo de 15 días, apercibiéndolas de que, en caso de incumplimiento, se tendrán por ciertos los actos reclamados y se les impondrá una multa conforme a la Ley de Amparo. En caso de que el juez de control reconozca la existencia de los actos reclamados, deberá remitir copias certificadas de la causa penal, así como los registros audiovisuales (DVD) de las audiencias correspondientes.
Miguel Tello Vargas niega haber promovido el amparo
Pese a lo anterior, Miguel Ángel Tello Vargas difundió un pronunciamiento público en redes sociales en el que rechazó de manera categórica haber promovido o participado en dicho juicio de amparo.
“Respecto a la información que circula en algunos medios, en la que se hace mención de mi nombre, hago constar públicamente que no he presentado ni participado en ningún amparo indirecto ante los juzgados del Estado de Hidalgo. He tenido conocimiento de un amparo registrado, en el cual aparece mi nombre como quejoso, sin que yo haya autorizado, promovido o participado en su presentación de manera alguna. Esta situación constituye un uso no autorizado de mi identidad en un procedimiento judicial”, expresó.
El funcionario afirmó que, tras investigar los hechos, concluyó que su firma fue falsificada en la documentación presentada ante el Poder Judicial de la Federación.
“Tras investigar los hechos, he determinado que mi firma fue falsificada en la documentación de dicho amparo. La firma que aparece en los documentos judiciales no corresponde a mi firma auténtica, lo cual constituye un delito grave de falsificación de documentos públicos. El documento fue realizado sin que yo tuviera conocimiento, y más aún sin mi consentimiento, vulnerando mis derechos fundamentales y mi identidad legal”, señaló.
Denuncia penal y postura política
Ante esta situación, Tello Vargas informó que presentó una denuncia penal ante la PGJH por los delitos de falsificación de documentos públicos y suplantación de identidad, investigación que actualmente se encuentra en curso.
“Por lo anterior, he presentado una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. La investigación se encuentra en curso, y tengo plena confianza en que las autoridades competentes trabajarán en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y sus motivaciones, conforme a lo establecido en la ley penal aplicable”, indicó.
Reiteró además su disposición a colaborar con las autoridades y su confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
“Reitero mi compromiso con la legalidad y el respeto a los procedimientos judiciales. Continuaré colaborando plenamente con las autoridades en la investigación de estos hechos delictivos. Soy un hombre que cree en las instituciones y sé que la Procuraduría actuará con el rigor que este asunto requiere, a fin de esclarecer completamente los hechos, identificar a los responsables y garantizar que la justicia se imparta conforme a derecho”, añadió.
Finalmente, el funcionario reprobó lo que consideró intentos de utilizar el caso con fines políticos.
“Repruebo tajantemente el proceder de quienes buscan enrarecer el clima político y que recurren al desprestigio de un servidor mediante calumnias”, sostuvo.
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Dos vías abiertas
Mientras el juicio de amparo 97/2026 continúa su curso en el Juzgado Cuarto de Distrito donde deberá resolverse la suspensión definitiva y, eventualmente, el fondo del acto reclamado, de manera paralela se desarrolla una investigación penal para esclarecer si hubo falsificación de documentos y suplantación de identidad en la promoción del recurso federal.
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