Pedro Escudero García, quien se desempeñaba como síndico jurídico bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el cabildo de Tulancingo, oficializó su salida del instituto político mediante una carta dirigida al dirigente estatal, Marco Antonio Mendoza Bustamante. Tras la ruptura, el funcionario anunció que continuará ejerciendo sus responsabilidades legales dentro de la asamblea municipal ahora bajo la figura de síndico independiente.
Escudero García calificó esta determinación como un proceso que se gestó con el tiempo, derivado del “desgaste de resistir solos” y la convicción de cerrar ciclos para mantener la congruencia personal. “Me voy en paz con el PRI, con la tranquilidad de haber dado lo que me tocaba y de haber recibido lo que esta etapa tenía para dejarme”, afirmó el asambleísta.
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Señalamientos sobre la dirigencia y conflictos internos
La salida del síndico estuvo marcada por fuertes críticas hacia las cúpulas estatal y nacional del partido. Escudero denunció que, en los momentos más críticos, no solo hubo una ausencia de apoyo, sino que se recibieron ataques directos contra su persona y contra la memoria de su mentor político, el fallecido Jorge Márquez Alvarado.
Asimismo, señaló la falta de cohesión en la planilla, mencionando que una regidora propuesta por la dirigencia en primera posición de la planilla —identificada como Catalina Lemus Salinas— decidió alinearse con el gobierno municipal desde el inicio de la administración morenista, en un intento por debilitar el contrapeso político que la ciudadanía demandaba. Para el síndico, esto es prueba de una dirigencia “desconectada de la realidad local y de los ideales del partido”.
Con esta baja, la bancada del PRI en el ayuntamiento de Tulancingo queda reducida únicamente a Lorenia Lira Amador e Ignacio Antonio Lira Guerra.
Denuncias por intimidación y presuntas anomalías
Esta renuncia ocurre a unas semanas de que Pedro Escudero, denunció ser víctima de intimidación y abuso de poder. El síndico vinculó estas represalias, que incluyeron el despido injustificado de su personal, a la revelación de presuntas anomalías financieras dentro de la administración actual que encabeza Lorena García Cázares.
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Entre los hallazgos señalados por el ahora síndico independiente, destaca la existencia de 77 expedientes sobre pagos de liquidaciones y finiquitos. Según la denuncia, se emitieron y cobraron cheques sin el consentimiento previo del representante legal del municipio.
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