Mientras el caldero político llega al hervor, después de las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México, atizado por la sucesión presidencial, otras agendas entran en un gran impasse, o cuando menos se ven reducidas frente al interés nacional. Es el caso de los espacios donde el Poder Judicial está en la discusión, señaladamente en sede legislativa.
Claramente, según tiempos y reglas no escritas del presidencialismo mexicano, todo actualizado para las elecciones del 2024, la vida nacional empieza a reducirse, al menos en los espacios de la opinión pública, frente al proceso electoral.
Día a día el interés en el ejercicio sustantivo de los poderes Legislativo y Ejecutivo disminuye proporcionalmente en la medida de la expectación por la política partidaria. En lo federal, los procesos legislativos y la administración pública están en su recta final, con todas las implicaciones consecuentes.
Las prioridades políticas de sus titulares, presidente de la República, legisladoras y legisladores, dejan de ser primordiales, pasan al segundo término. Si acaso continúan las atractivas para el mismo interés sucesorio.
En el límite de ese tránsito estaría la temática relativa al Poder Judicial, relativamente ajena a la contienda por su propia naturaleza transexenal. No es así en consecuencia de las tensiones de los últimos meses ya citadas en este mismo espacio.
En ese contexto, el miércoles de la semana recién concluida, coincidieron en día, hora y espacio, dos actividades con un marcado interés por el funcionamiento del Poder Judicial en sus ámbitos local y federal.
En la sede legislativa de San Lázaro se efectuaron dos importantes reuniones identificadas con la impartición de justicia: la segunda mesa del Conversatorio Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial, convocado por el grupo parlamentario del partido Morena; y la de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Conatrib.
De la primera destaca la reiterada argumentación contraria a la elección de integrantes de la Suprema Corte por la vía del voto directo. En ese sentido se expresaron el ministro en retiro José Ramón Cossío, el representante de Juzgadoras y Juzgadores Federales, Jufed, magistrado Froylán Muñoz y la académica politóloga Karolina Monika Gilas. La opinión del jurista y político Eduardo Andrade, apuntó a los “excesos de los jueces” y sostuvo una posición un tanto ambigua.
A lo anterior se añadió una crítica a la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal desde las y los legisladores presentes, en lo cual coincidieron algunos de los expositores.
Del otro encuentro entre diputados y presidentas y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y sus respectivos Consejos de la Judicatura, se tuvo por motivo la solicitud de los órganos de justicia local para hacer efectivo el artículo 6º de los transitorios del recién publicado y muy celebrado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares mediante el presupuesto necesario.
Reiterada costumbre legislativa aquella de asignar responsabilidades al sistema de justicia local a través de la legislación general, sin la consecuente asignación de recursos para materializarlas, ante las carencias notables de las entidades federativas.
No hubo desde los representantes del legislativo menos de la aceptación de cubrirse las justificadas pretensiones de la justicia local. Esperemos la congruencia en la aprobación del Presupuesto nacional.