Los tres exsecretarios investigados

Aunque los señalamientos son variados sobre las diferentes secretarías del gobierno estatal en la pasada administración, en realidad las investigaciones se han centrado en tres: Contraloría, Finanzas y Obras Públicas, donde presuntamente, se encontraron irregularidades que llevarían a sus extitulares a enfrentar procesos penales e inhabilitaciones a varios funcionarios de primer nivel.

Los procesos han sido cautelosos, pero al mismo, tiempos rigurosos por especialistas contables y peritos que buscan acreditar que se cometieron manejos inadecuados del presupuesto y excesos que derivaron en beneficios personales o dicho de otra manera en desvíos millonarios que generaron crecimientos patrimoniales.

En el caso de la Contraloría, se le adjudica la creación de la llamada Red de Corrupción que significó la disposición de casi 500 millones de pesos, que fueron distribuidos a 13 municipios en recursos extraordinarios en los últimos tres meses, antes de que concluyera la pasada administración priista.

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Pero, aunque los esfuerzos han sido extraordinarios, incluso con el apoyo de ex integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no han encontrado elementos probatorios en contra del exsecretario Cesar Mora, sólo algunos señalamientos directos y declaraciones, que dicen los especialistas en derecho, serían fáciles de eludir en un proceso judicial y terminarían por exhibir las investigaciones, sin embargo, no cesan en el empeño.

En el caso de la exsecretaria de finanzas, Jessica Blancas, además del caso Accendo que significaron hasta ahora la pérdida de 800 millones de pesos, existe la presunción de disposición de recursos públicos mediante contratos ficticios o prestaciones de servicios sobrevaluadas en los últimos tres años, en los que contrataron empresas fachada para justificar gastos en salud y educación.

Mientras que en el caso de Obras Públicas, existen tres líneas sobre las que trabaja la Procuraduría de Justicia y la Contraloría Estatal y una de ellas tiene que ver en el crecimiento que se tuvo del presupuesto para la construcción de puente atirantado que en dos años elevó su costo cuatro veces con el argumento de los elevados precios de insumos como el acero, aunque en realidad dicen quienes están involucrados en la revisión de expedientes técnicos y trabajos, no hay tal justificación como tampoco para la modificación del proyecto inicial.

Además de los ejes viales en la comunidad de Téllez y el presupuesto en las obras carreteras de los últimos dos años, donde parecen ser solo una empresa la beneficiada, son parte de las irregularidades que cometió el exsecretario José Meneses Arrieta.

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Por ahora, eso son los tres ex funcionarios de primer nivel, sobre los que se estarían centrando las investigaciones, además del ex subsecretario de recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública Pablo Moreno Calva.

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