Este jueves entró en vigor la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo que tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Además, el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral del daño y debida diligencia.
La entrada en vigor de esta ley abroga la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo.
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Ley de Víctimas
Esta ley contempla la creación de un Recurso de Ayuda o fondo estatal que servirá para la asistencia y reparación integral del daño a favor de las víctimas, y tiene por objeto brindar los recursos y la reparación integral del daño por un hecho victimizante.
Además, contempla como una obligación del Estado implementar medidas de alojamiento y alimentación, consistentes en proporcionar a las víctimas el espacio y alimentos adecuados.
En condiciones de seguridad, dignidad e higiene, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, de amenaza o en situación de desplazamiento forzado interno.
Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida las autoridades del orden estatal o municipal adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que sufra alguna lesión o daño.
De la misma forma, la Ley de Víctimas establece las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición a las cuales tienen derecho independientemente del hecho.
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A partir de la publicación, deberá crearse el Sistema de Atención Integral a Víctimas del Estado, instancia encargada de que se implementen las medidas para la protección, ayuda, asistencia, atención.
De la misma manera, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño a las víctimas en el ámbito local y municipal, coordinada bajo un Comité Estatal.
De acuerdo con el decreto, a partir de esta fecha el Gobierno del Estado deberá expedir el reglamento en un tiempo de 180 días hábiles, además tendrá que constituirse la Comisión Estatal en 30 días y emitir una convocatoria pública para designar un titular en 90 días y a partir de ello crear el fondo de Recurso de Ayuda para las víctimas.
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