Los laudos laborales que enfrentan 80 municipios y cinco Secretarías del gabinete estatal no son por problemas “heredados” o “administrativos”, el 90 por ciento tiene que ver con decisiones políticas que costarán millones de pesos al erario y que muestra la falta de capacidad de funcionarios públicos.
Por más que la Secretaría del Trabajo, intente omitir las cifras de expedientes por despidos injustificados en contra de la Secretaría de gobierno, Turismo, Seguridad Pública, Movilidad y Medio Ambiente, por señalar algunas, los juicios están ahí y su retraso sólo genera un desgaste y mayor costo.
Lo mismo ocurre con el caso de las presidencias municipales, que se destaparon al conocerse los embargos que enfrenta el ayuntamiento de Singuilucan, de sus edificios públicos y hasta iglesia por un laudo desde la pasada administración.
No es el único, también están en puerta cinco más y en desarrollo 75 juicios y la gran mayoría de ellos fueron despedidos “porque pertenecieron a la pasada administración priista” o bien “no apoyaron en la campaña” y el peor argumento, “cuando estaban en el gobierno nos atacaron”, como si jurídicamente estos argumentos valieran.
¿Quién asesora a los secretarios en temas laborales? Quién se tomó un segundo para explicar en la Secretaría de Gobierno, que cesar a un hombre enfermó que requiere de un tratamiento médico costoso, es un acto inhumano, pero además ilegal, pues la Ley Federal del Trabajo protege justamente los derechos de empleados como Cesar Guzmán, que por cierto, también tiene que lidiar con la burocracia de su expediente 239/2023.
Los 500 millones que hoy cuestan a los ayuntamientos, es una cifra que debe ajustarse por los temas del orden estatal, donde las demandas rondan al menos el 10 por ciento de esta cantidad y todo por las malas decisiones y el escaso razonamiento para dar por concluida una relación laboral.
Existen diversas causas para la remoción de un empleado en cualquier nivel, pero la revancha política, militancia partidista o desempeño en administraciones pasadas no está en el catálogo legal, como tampoco, el dejar sin trabajo a quienes han mostrado capacidad en sus tareas, para abrir espacio a los “amigos”, “compadres” o “compromisos políticos”.
El costo de estos “acomodos” políticos son millonarios y tiene hoy atados de manos a presidentes municipales y titulares del gabinete que no saben otra cosa que recurrir al titular de la Secretaría del Trabajo para pedirle que “alargue” el proceso mientras se busca una salida, aunque el costo siga elevándose, al fin el gobierno paga.
De mi tintero… Tras el grave accidente sufrido por el ex director del C5i, Ricardo Reyes, parece que las cosas mejoran y su intervención quirúrgica inmediata lo tienen con un pie fuera del Hospital General de Pachuca, donde fue internado por una fractura craneoencefálica y de clavícula derecha…Las cosas se complican para la ex secretaria de salud, Zoraida Robles, que ahora enfrenta una acusación por nepotismo, la mujer no sólo se mantiene como una de las peores alcaldesas de Morena, también suma ahora tres denuncias por ilegalidades, pero el nepotismo en los tiempos actuales, parece ser el sello en las alcaldías.
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