El viernes pasado las redes sociales y los medios de comunicación observamos la detención del ex gobernador del estado y ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam. Con el paso de las horas supimos que se habían girado 83 órdenes de aprehensión hacia militares, policías y otras personas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Varias personas, incluyéndome, sentimos esto como un logro. En mi mente aún está el recuerdo de la insensibilidad que este personaje mostró ante las familias de los desaparecidos, la forma en que se quiso dar carpetazo a los hechos y la furia que inundó las calles del país exigiendo justicia.
Al mirar su detención, que nunca había visto una tan apegada a derecho, respetuosa incluso amable; me di cuenta que estaba cayendo en una de las mentiras que el derecho penal nos da cuando aprehenden a alguien: la falsa sensación de justicia.
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Una orden de aprehensión de esta índole no es justicia, es el cumplimiento de un proceso para poder llegar a ella. No niego que esta detención sea un hecho sin precedentes, la población en general estamos habidos por la transparencia, la verdad y la justicia. Sentar a alguien como Murillo ante un juez a quien, en teoría, no puede mentir parece algo cercano a ello. Pero no podremos llamar a esto justicia hasta que las familias no lo nombren como tal.
Dentro de todas las conversaciones que se dieron en el fin de semana alrededor de este hecho, me llamó la atención aquella en la que se juzgaba a las familias por llevar un proceso penal por las desapariciones de sus hijos. De acuerdo al comunicado del Centro Pro, organización que acompaña su caminar, a las familias no les interesa la venganza sino la verdad.
¿Qué medios ofrece el estado para obtener la verdad? ¿Personajes tan poderosos como Murillo se atreverán en algún momento a esclarecer los hechos y lo más importante a disculparse por haber sido tan ruines?
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Las víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos no nos deben absolutamente nada. Las acciones que decidan emprender son válidas en su búsqueda de justicia y a nosotras lo mínimo que nos toca es respetar esa decisión.
Es cierto que tenemos una conversación social pendiente sobre el fin del derecho penal, la cárcel y creación de otros procesos para encontrar justicia, restauración y sanación; pero esa no es la responsabilidad de quién hoy vive la violencia por parte del estado.
En el caso de los 43 aún no se ha hecho justicia, no dejemos de prestar atención. Menos cuando el PRI está haciendo de este proceso y de Murillo un mártir de la política.
Posdata:
Ni idea de que está pasando con la designación de titular para la CEEAV.