Una de las fortalezas más relevantes del gobierno mexicano en la Cumbre de Líderes de América del Norte el día de mañana, es la reciente elección de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Menos mediática frente a otros acontecimientos de las horas preliminares, su trascendencia generó de inmediato buenas expectativas de largo aliento, algunas con dimensión internacional.
Más allá de los antecedentes y las peculiaridades del proceso electoral en la Corte, deben valorarse su significado en el sistema constitucional de división de poderes y las consecuencias para las y los justiciables.
Si bien solo se eligió a la presidenta de la Suprema Corte e implícitamente a la del Consejo de la Judicatura Federal, el impacto permeará al conjunto del Poder Judicial y generará consecuencias en todo el aparato mexicano de justicia.
En la misma órbita significa la confianza de nuestros socios comerciales, nada más, en dos vías: el privilegio a los derechos humanos desde la impartición de justicia y la seguridad jurídica para sus inversiones en el territorio nacional.
El optimismo por el nombramiento de la ministra Norma Piña y su buena recepción, no pueden reducirse a la simpatía personal, su condición de primera mujer electa a ese cargo, ni en sus trayectorias judicial y docente.
Es necesario adentrarse en su razonamiento jurídico-constitucional a través de los proyectos y votos en el Pleno del alto tribunal; la propuesta de trabajo para postularse a la Presidencia y, sus convicciones, públicas, previas y posteriores en torno a ese hecho ciertamente histórico.
En pocas horas abundaron referencias puntuales al primer aspecto. Pedro Salazar, destacado investigador jurídico, citó una expresión de la propia ministra: “Mi obligación constitucional es votar sin perseguir otro objetivo que el cumplir con mi deber. Mi responsabilidad es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional.” Con lo cual, concluye el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: sus votos no evidencian filias ni fobias.
En el documento presentado para formalizar su aspiración a presidir la Suprema Corte hay dos líneas de la mayor relevancia: una, el eje rector: “la independencia judicial –interna y externa- replanteada como un medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia, para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.”
La otra es la centralidad de los derechos humanos “que debemos seguir reforzando en la impartición de justicia”.
Finalmente, en sendos artículos de su columna mensual Extramuros del diario Excelsior confirma su visión feminista. El 11 de diciembre: Hoy existe la oportunidad de dar un revés al sistema patriarcal en favor de los derechos de las mujeres mexicanas especialmente a través de nuestras interseccionalidades, reestructurando a la sociedad en general. Porque creo firmemente que podemos combatir el rígido estereotipo de los liderazgos.”
El 8 de enero apuntó: Escribo estas líneas como presidenta de la SCJN y del CJF. Sentada en otro escritorio. Rodeada de esculturas y cuadros de los héroes que nos dieron patria. Juárez me mira de frente. En la galería no hay retratos femeninos. Responsabilidad, doble responsabilidad. Represento a ministras y ministros, consejeras y consejeros, a nuestro Poder Judicial Federal. Al mismo tiempo al ser la primera mujer que ocupa este cargo, las represento a ellas.