La compra de un software en más de 144 millones de pesos y el pago de un estudio sobre las condiciones del sector educativo en 133 millones de pesos, forman parte de la principal investigación en la Secretaría de Educación Pública (SEPH), donde por ahora, solo aparecen dos funcionarios involucrados, aunque la sospecha es que la responsabilidad está fuera de los muros de esta dependencia, una de las más importantes del gobierno.
Durante el proceso de transición, ambas fichas técnicas llamaron la atención del equipo del gobernador Julio Menchaca y no precisamente por la utilidad de ambas herramientas que técnicamente fueron bien elaboradas, sino por el costo que representaron, así que reportaron sus sospechas a la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría del Estado.
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La investigación llevó a encontrar diferentes hallazgos de una aparente disposición irregular de los recursos públicos de la SEPH, pues en principio, la contratación de especialistas y equipo para contrarrestar un hackeo en la base de datos de la comunidad escolar por 144 millones de pesos, supera cualquier estándar, en un gasto certificado de este tipo en instituciones públicas o privadas en el país, no existe un antecedente con estas características y el despacho contratado para este fin no parece tener currículum en el padrón de proveedores que avalen su capacidad.
Mientras que, en el caso del estudio que se realizó y que abarcó un universo de 2 mil escuelas de las casi 8 mil que existen en el nivel básico, tampoco tiene el sustento para un gasto superior a los 133 millones de pesos y menos que se haya contratado a una Universidad en el puerto de Acapulco, Guerrero, para tal fin, cuando existen instituciones con mayor solvencia profesional y académica que pudieron hacer la radiografía educativa con menos del 30 por ciento de estos recursos.
Hasta ahora hay dos responsables de este proceso, que se encuentran señalados en las carpetas de investigación de la PGJEH, Pablo Moreno Calva Subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH y el director de Recursos Financieros, Leopoldo Rodríguez Valdez, responsable del manejo financiero, quienes firmaron los contratos y al mismo tiempo la autorización para el pago de los más de 270 millones de pesos a solo dos proveedores de servicios.
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Sin embargo, para los responsables de la Procuraduría Estatal, Contraloría y la propia SEPH, no solo fueron estos dos funcionarios los involucrados en este proceso y sobre quienes inicialmente se tiene la investigación, el hilo podría llegar a otras esferas y niveles.
De mi tintero… Todo parece indicar que en las últimas horas el presidente municipal de Nopala tocó la puerta del cuarto piso, para ser escuchado y pedir una salida política a todo el enredo de los recursos extraordinarios que le fueron transferidos y que alcanzan más de 70 millones de pesos, sin embargo, dicen que no será fácil que libre el proceso… La desangelada Feria de San Francisco sólo dejó ganancias para algunos, pues de acuerdo con el empresario gallero, el pago que tuvo que hacer para la concesión fue de los 5 a los 9 millones y medio, casi el doble en relación con el último evento…