La seguridad ¿en manos de quién?

Las muertes de Beatriz y de Leobardo en dos escenarios y causas diferentes pero con la coincidencia en que ambos tuvieron que ver agentes de la policía preventiva una municipal y la otra estatal, debe conducir a la reflexión a los responsables de la seguridad pública para evitar que este rubro se convierta en el Talón de Aquiles, porque no son los únicos casos en Pachuca antes se registró un abuso por parte de los policías municipales.

En el caso Progreso de Obregón las investigaciones determinaron que no hubo feminicidio, pero si hubo excesos de los agentes municipales lo que condujeron a la tragedia de que Beatriz perdiera la vida, por eso hay siete vinculados a prisión preventiva y lo más grave es que el presidente municipal se niega a aceptar que hubo errores, lo que hace más difícil corregirlos.

En San Salvador continúan las manifestaciones de los habitantes de Xuchitlán para exigir justicia, cuando hay un policía que está siendo procesado por homicidio culposo; movilizaciones que denotan trasfondo político alentado por el presidente municipal Armando Azpeitia Díaz que trata de levantar una cortina de humo para desviar la atención de las protestas directas en su contra por incumplimiento de promesas de campaña.

Mientras en Pachuca hay crisis en la Secretaría de Seguridad Pública, porque se carece de estrategia, no hay control sobre el personal y los mandos medios normalmente contradicen las instrucciones de la secretaría por considerar que no obedecen a la realidad debido a su inexperiencia, tanto que ya se piensa en un nuevo relevo, que recaería en alguien de experiencia.

Pero no sólo son los casos de Beatriz y Leobardo donde estuvieron involucrados policías preventivos, durante mayo en Hidalgo se registraron un promedio de 28.6 robos diarios de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aumentando los asaltos y robos a transeúntes y vía pública, lo que refleja pésimas estrategias en materia de seguridad pública, lo que requiere ser revisado por los ayuntamientos, con todo y mando coordinado.