Cada tres años los mexicanos están llamados a las urnas para renovar el Poder Legislativo, representado en la Cámara de Diputados. Cada seis años se vota por los ocupantes de los escaños en el Senado a la vez que se elige a quien ocupará la Presidencia de la República. A nivel estatal, dependiendo del año en que haya iniciado su mandato, el gobernador en turno, los ciudadanos de las 32 entidades del país emiten su sufragio para renovar al titular del Poder Ejecutivo.
Hasta principios de los años 90, las elecciones estatales eran un mero trámite. El voto único del dedo presidencial definía, antes que los ciudadanos, quién ocuparía el despacho de gobernador en todos los estados y el ganador siempre era del Partido Revolucionario Institucional. Los ciudadanos del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ni siquiera tenían el privilegio de elegir a su gobernante porque el Regente de la capital del país era una designación que la ley le otorgaba al presidente de la República.
En 1989, por primera vez en la historia política de México un candidato emanado de un partido diferente al PRI, en este caso de Acción Nacional, se hizo de la gubernatura de Baja California. Han transcurrido más de seis lustros desde aquel triunfo de Ernesto Ruffo y desde entonces ha corrido mucha agua. Esas aguas en algunos casos se han visto enturbiadas por los cacicazgos locales que a la buena, pero más a la mala, han querido retener las gubernaturas mediante todo tipo de triquiñuelas, al grado de que los delitos electorales ahora están tipificados como graves.
En la actualidad las aguas político electorales se ensucian desde antes de que inicie el proceso electoral como tal. La rebatinga, el pataleo, las luchas intestinas se dan dentro de los partidos políticos. En todos. Las más visibles en las últimas semanas han sido protagonizados en Morena, instituto que ha adelantado el “destape” de sus candidatos mediante encuestas, que para algunos, principalmente para los aspirantes derrotados, son meras entelequias.
Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, son ejemplo de cómo se ha roto la disciplina partidista una vez que se ha dado a conocer el resultado de la encuesta. En varios de ellos incluso ha resonado el grito de “fraude” por parte de los seguidores de algunos candidatos que se veían con más merecimientos que aquellos a quienes se les ha levantado la mano.
Son pocas las entidades en donde el proceso para designar candidato ha salido limpio, aunque hay casos en donde no importa quién sea el abanderado o abanderada, lo importante es ganar a como dé lugar: En Campeche, por ejemplo, Morena postulará a Layda Sansores, quien intentará por cuarta ocasión llegar a palacio de gobierno en esa entidad. La actual alcaldesa de Álvaro Obregón fue militante del PRI durante 30 años, y en diferentes años ha buscado la gubernatura estatal representando al PRD, a Movimiento Ciudadano y a Morena, partido que la volverá a lanzar en 2021.
La ideología, los principios o el tan socorrido discurso antiPRI o contra todo lo que representa el pasado neoliberal, es echado a la basura, como ocurrió en Nuevo León, en donde Morena postulará a Clara Luz Flores, priista desde hace 22 años, pero quien apenas hace unos días dejó esa bandera para abrazar la del ahora partido mayoritario, todo con tal de ser candidata a gobernadora de su estado.
Eso ocurre en Morena, pero muy seguramente esta película se repetirá en el PRI, el PRD o el PAN, máxime en esa alianza opositora denominada Va por México, que intentará postular a quien consideren pueda derrotar a Morena el 6 de junio.
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