La baja percepción económica salarial, el no contar con un empleo formal que permita el acceso a prestaciones sociales como fondo de vivienda, así como no acceder a un crédito hipotecario, son factores que han propiciado que en Hidalgo las familias se arriesguen a comprar un terreno en lugares apartados, sin urbanización, pero baratos y aptos para la autoconstrucción, que en la entidad representa el 76.6 por ciento de la vivienda edificada.
Bajo esta dinámica es que incrementaron los asentamientos urbanos irregulares en Pachuca, así como en municipios aledaños, por su cercanía con la capital de la entidad.
Datos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, refieren que entre los asentamientos irregulares más grandes están: Ampliación El Palmar y La Loma, además de colonias establecidas a espaldas del Centro de Reinserción Social (Cereso), los cuales buscan regularizarse para contar con el acceso a infraestructura básica.
La problemática que se observa en la mayoría de estos asentamientos es que la vivienda se estableció en medio de terrenos ejidales, que eran destinados para la agricultura y ganadería, pero cuya venta floreció ante el crecimiento de la mancha urbana y la modificación del artículo 27 Constitucional en 1992, que permitió su autonomía como núcleo agrario y su posterior lotificación y venta.
Para Andrés Velázquez Vázquez, representante de la Procuraduría Agraria en Hidalgo (PA), esta condición no es nueva, y ejidos como Santa Julia, Venta Prieta, Santa Matilde, San Antonio e incluso el desaparecido San Cayetano, fueron absorbidos por la mancha urbana y algunos derivaron en asentamientos regulares, pero otros continúan en una situación anómala.
“Lo que ocurrió es que ejidatarios determinaron vender su tierra, lotificaron las parcelas y las vendieron a bajo costo; esto generó que quienes no contaban con el acceso para comprar una casa habitación con todos los servicios, se vieran en la necesidad de comprar lotes para autoconstrucción”, explicó el funcionario federal.
Quien detalló que prevalece la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra y estos asentamientos, pues si bien quienes compraron no son ejidatarios, sí son posesionarios de estos terrenos y se les reconoce como avecindados.
“Cuando están en esta condición, lo único que les ampara es contar con una constancia de posesión generada por el núcleo agrario”, precisó, y acotó que esto no siempre es suficiente para tener certeza jurídica de la propiedad en la cual se construye la vivienda.
Alertó que una práctica que se observa es que un mismo lote puede ser vendido dos o tres ocasiones a diferentes personas. Y sólo se les otorga un documento firmado por el propietario en la sucesión de derechos. Otra situación es que, al finalizar el periodo administrativo del presidente ejidal o comisario en turno, no se reconoce la validez de las firmas otorgadas por anteriores directivos.
Sin servicios ni seguridad
Una condición que enfrentan los asentamientos irregulares es que, al tratarse de colonias que no están reglamentadas y que aún siguen bajo el régimen ejidal, el ayuntamiento no puede cobrar el predial, por lo que tampoco contribuyen con la hacienda municipal, de modo que los servicios públicos básicos no se proveen con prontitud y tampoco hay fondos públicos que los beneficien.
Un recurso que comúnmente emplean las alcaldías para mejorar su condición es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se destina a comunidades vulnerables, pero los montos son limitados porque la bolsa se dispersa a nivel estatal y se miden basados en la población en pobreza y el tipo de localidad.
El recurso es aplicado para instalación de sistemas de agua potable, drenajes sanitarios, electrificación y pavimentación, pero quedan pendientes trabajos de construcción de banquetas, guarniciones y seguridad pública, por mencionar algunos.
De acuerdo con el ingeniero Abel Díaz Ruíz, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio de Pachuca, “la problemática de los asentamientos irregulares es la incertidumbre para acceder a los recursos públicos y llevar a cabo las obras de infraestructura, el contar con servicios de calidad, el alcanzar el bienestar social y la incertidumbre jurídica de la propiedad, que es parte de su patrimonio”.
Sin contar con una cifra de cuantas viviendas pueden estar bajo esta dinámica irregular en Pachuca, el secretario municipal informó que trabaja con las autoridades federales y los propios representantes ejidales para generar políticas que puedan ayudar a regularizar estos lotes.
Recordó que en Pachuca se ubican 13 núcleos ejidales, con una extensión de mil 700 hectáreas, aunque algunas zonas ya fueron regularizadas, como lo fue el ejido Santa Julia, en coordinación con el Instituto de Suelo Sustentable (INSuS), antes CORETT, y autoridades agrarias federales.
Venta de terrenos negocio que florece
En copias a blanco y negro, mantas de colores llamativos, o a través de volantes, así se distribuyen en Pachuca los anuncios de venta de lotes o terrenos, cuya ubicación se encuentra en las comunidades de El Huixmí, La Loma, o en municipios circunvecinos como Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán, Tolcayuca y Epazoyucan.
Según los anuncios, que se pueden encontrar pegados en estaciones de transporte público, puentes peatonales o postes, para comprar se pide un enganche que puede variar desde mil o hasta 30 mil pesos y el resto se paga con mensualidades. El precio total de un lote va desde los 180 mil a los 250 mil pesos o más, todo depende de los metros cuadrados y la ubicación, pues si está en Pachuca el costo se eleva.
En redes sociales, la venta también es común bajo el nombre de quien se autodenomina como desarrollador o bien sólo se anuncia con un número de celular y/o de whatsapp. Este diario habló a algunos números telefónicos y se encontró que la dimensión más frecuente de los lotes es de 10 x 12 metros; la compra supuestamente es directa, y en el caso de los ejidales, se informa que se cuenta con el aval del presidente del núcleo agrario.
Cuando se trata de espacios privados, es decir, venta de particular a particular, el precio se eleva, pues oscilan entre los 340 mil, 540 mil e incluso más de 700 mil pesos; la mayoría cuenta con servicios.
Sin embargo, existe el riesgo en la compra de lotes ejidales, pues por tratarse de terrenos que fueron de cultivo, es necesario trazar desde caminos de terracería, hasta contar con seguridad pública, y acudir una y otra vez con solicitudes para tener servicios básicos para la vivienda.
Tan sólo en Pachuca hay 13 ejidos, de los mil 169 existentes en la entidad. Las propiedades regularizadas por el INSuS son: Aquiles Serdán, Colonia Crisol (Parcela 23), Nopancalco (Parcela 145), Santa Matilde (Parcela 113 Z-5, P 2/3), Ejido de San Antonio el Desmonte (Parcela 39 Z-1 P 2/4), San Antonio del Desmonte, San Antonio del Desmonte II, San Cayetano del Bordo (I, II, III), Santa Julia, Santa Matilde (I, II, III), Santiago Tlapacoya, y Santiago Tlapacoya I, Venta Prieta (I, II, III, IV).
Lograr la regularización para tener certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, que es el patrimonio de estas familias, no es una tarea fácil pues se requiere de la intervención de autoridades federales agrarias y de urbanización, además de la intervención del núcleo ejidal y de las alcaldías municipales.
En Hidalgo desde 2012 no ha actualizado el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, y en el presente sexenio desapareció la Secretaría de Planeación, encargada de proyectar el crecimiento urbano, por lo que la condición que guarda la entidad es compleja, además de que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (federal) redujo su personal en la entidad al inicio de la presente administración.
76% es vivienda autoconstruida
A nivel estatal la situación no es distinta que en Pachuca pues el 76.6 por ciento de la vivienda es de autoconstrucción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) publicada en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Sociedad Hipotecaria Federal.
El ejercicio también reveló que de las 857 mil 174 casas habitación particulares detectadas, el 31.1 por ciento cuenta con apenas una construcción de 55 metros cuadrados.
Por otra parte, se detectó que 45.6 por ciento tiene problemas estructurales, de humedad y filtraciones; además, que 43.4 por ciento tiene grietas y cuarteaduras en techos y muros.
En Pachuca son 93 mil 242 casas habitación consideradas por el INEGI como viviendas, pero de estas no se tienen identificadas cuántas están sin certeza jurídica. Y como en el ejido no es necesaria una licencia de construcción para comenzar la edificación de una vivienda, el municipio no tiene la cifra de cuántas se construyeron recientemente o la condición de infraestructura que guardan los asentamientos irregulares.
“La autoconstrucción prevalece en estas zonas, pues van edificando poco a poco, sus cuartos, un baño, unas fosas sépticas, y es preocupante para el municipio porque se busca que las viviendas cuenten con las condiciones de sanidad adecuadas”, expresó el secretario municipal Abel Díaz, quien destacó que además de las condiciones estructurales se tienen que considerar las sanitarias.
Para tener en cuenta
- La vivienda es uno de los temas que con mayor regularidad se consulta en las encuestas realizadas por el INEGI, pues además de proporcionar datos acerca de los hogares y de las personas que se alojan en su interior, constituye una de las principales fuentes para la elaboración de indicadores relacionados con el bienestar de la población
- La autoconstrucción es el proceso de edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva. Comprende el proceso completo de construcción, donde la familia lleva a cabo todas las etapas necesarias para contar con una vivienda destinada para su propio uso.
- En un estudio de mercado sobre la demanda de vivienda en Pachuca y su zona metropolitana, la Consultora Softec detectó que el tipo de casas que más se ofertan son de tipo medio (de 792 mil 347 al millón 980 mil 864 pesos) y residencial (de un millón 980 mil 865 a los 4 millones 410 mil 724 pesos).
- En contraste la vivienda de interés social (de 440 mil a 800 mil pesos) redujo su inventario de existencia durante 2021. Además, la de tipo social (160 mil a 440 mil) ya no se ha ofertado en los últimos años.
- La vivienda económica se ubica en municipios como Mineral de la Reforma y Zempoala, a varios kilómetros del centro de la capital hidalguense.
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