El polémico exgobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), porque se presume que a su paso como director general del ISSSTE durante el sexenio de Felipe Calderón, cometió delitos que se sumarían a otros más, acumulados a lo largo de su turbia carrera política.
A reserva de conocerse las imputaciones, nadie que haya leído un poco sobre este oscuro personaje ligado a la maestra Elba Esther Gordillo, podría salir en su defensa, pero, llama la atención que sea precisamente en medio de un proceso electoral cuando se pretenda llevarlo a rendir cuentas con la justicia, cuando las indagatorias en él, llevan años.
Por ello, da la impresión de que quienes hoy tienen el poder, buscan minar a sus adversarios precisamente recurriendo a la cacería de aquellos cuya reputación no es precisamente su mejor carta de presentación, como en su momento pasó con la propia Elba Esther Gordillo y con el exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps, dos casos ejemplares de la pudrición del sindicalismo.
Es amplia la lista de personajes que merecen una condena por todas las atrocidades cometidas al amparo del poder, eso no está a discusión, pero sí el uso que se le da a la justicia con fines electorales, lo que demuestra que los tiempos no han cambiado, que para los políticos sigue siendo más importante mantener el poder que hacer justicia de verdad.
De lo contrario: ¿Por qué la maestra Elba Esther está libre?, ¿Por qué un líder sindical acusado de extorsionar empresarios y de saquear al gremio minero, estuvo huyendo del país ante el temor de ser detenido, pero ahora que Morena es gobierno fue apapachado y hasta senador lo hicieron?, ¿Por qué no se ha iniciado ni una carpeta de investigación contra Manuel Bartlett?; algo es seguro, si en 2024 el partido en el poder fuese otro, todos ellos estarán en el banquillo de los acusados.
Pareciera que la justicia en México hoy, depende de eso, de las enemistades e intereses que pueda tener el presidente o el partido en el poder para ejercitar acción penal contra todos aquellos que han usado y abusado del servicio público, y no precisamente por una verdadera sed de justicia.
En 2017, durante la postrimería del sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 16 gobernadores (la mayoría del PRI) eran investigados por corrupción y otras turbiedades cometidas durante sus sexenios. Unos están presos, otros prófugos o procesados.
Esta cacería de gobernantes se desató un año antes de las elecciones presidenciales, donde resultó vencedor Andrés Manuel López Obrador.
El escándalo contra los gobernadores tricolores ocupó las primeras planas de la prensa nacional, y el PRI fue borrado prácticamente del mapa político después del 2018.
Pero lo más extraño, es que al jefe de todos ellos, Enrique Peña Nieto, no se le ha tocado con una sola carpeta de investigación; anda como si nada en España, disfrutando lo que el sexenio le dejó.
Entonces viene la pregunta: ¿Es la justicia mexicana una moneda de cambio por el poder?
@AlexGalvezQ
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