Desde hace aproximadamente un año hemos señalado el enorme esfuerzo que distintos sectores de la población, específicamente las autoridades federales y locales deben realizar en materia sanitaria, económica y social para atenuar los impactos del desarrollo de la pandemia en la vida de cada uno de nosotros. Sin duda, uno de los mayores retos desde una perspectiva social es la calle.
Hay dos datos que deberían alertarnos sobre las posibles consecuencias para la economía de las familias: en primer lugar, las estimaciones del Banco de México (Banxico) sobre la contracción del PIB del 8.9% al finalizar el año 2020, y en segundo lugar, la pérdida de empleos acumulada al mes de julio pasado de alrededor de 925 mil – es posible que la tasa anual 2020 de decrecimiento sea del 4% -. Dichos datos no deben pasar desapercibidos en el trabajo cotidiano de nuestras autoridades, por el contrario, se esperaría que sean la brújula en la toma de decisiones para evitar un mayor daño a la economía social.
Estas dos referencias – además de alentar políticas públicas ad hoc – deben centrar sus esfuerzos en lo que está pasando en las distintas zonas metropolitanas en nuestro país. Y refiero especialmente dichas zonas de nuestro país pues cada día se vuelve más visible ciertas situaciones de calle que deberían alertarnos. Un buen ejemplo son los mexicanos que se enfrentan a la necesidad de llevar sí o sí, bajo cualquier circunstancia legítima, alimento a sus casas; hoy en día se empiezan a percibir más personas dependientes de la llamada “economía informal” o, en el mejor de los casos, buscando un ingreso vía donativos en la calle.
Siguiendo con esta idea, existen algunos datos de especialistas que nos convocan a observar dicho problema desde una perspectiva integral y urgente entre gobierno y sociedad. Recientemente y en el marco del covid-19 se estimó que un aumento de 1% en la tasa de desempleo podría incrementar en 0.65 la tasa de personas en situación de calle por cada 10 mil personas, lo que traería en términos generales un aumento de alrededor del 40 – 45%.
Ante dicha realidad, en ningún caso debemos justificar el que otros sectores de la sociedad estigmaticen o criminalicen a dicha población por el sólo hecho de procurar llevar, desde un espacio legítimo, el sustento a su casa o encontrar una forma de sobrevivir; por el contrario, gobierno y sociedad, debemos trabajar de manera más profunda y acelerada para reflexionar sobre las dificultades del contexto y encontrar mejores políticas públicas para enfrentar la situación.
Bajo este contexto, las circunstancias de la crisis no son fáciles para nuestras autoridades. En las últimas semanas hemos visto un incremento considerable en el número de personas contagiadas y fallecidas – promedio de 600 personas diarias – por el Covid-19. Además, el gobierno federal se enfrenta a un reto logístico para proporcionar la vacuna al mayor número de población.
En el caso de las familias, muchos estados han decretado un “segundo cierre” de las actividades – de acuerdo con el semáforo epidemiológico – lo que tendrá como consecuencia un mayor impacto en el bolsillo de la gente. Consecuentemente, es tiempo de ser cuidadosos desde un espacio personal en materia de prevención sanitario, pero a la vez debemos procurar que el cierre o restricciones de las actividades no terminen por ahogar los ingresos familiares. Es tiempo de solidaridad, es tiempo de creatividad. Evitemos así la situación de calle.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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