Cada vez que sale una noticia de que una persona adolescente o un niño o niña cometió un delito de “alto impacto”, las y los políticos aprovechan para sacar su recalcitrante punitivismo y proponer que se modifique el marco legal de niñas, niños y adolescentes para que puedan ser juzgados como personas adultas.
Esto está sucediendo con los hechos ocurridos en Michoacán, en los que un adolescente asesinó a dos maestras, y en Sonora, con la noticia de que las feminicidas de Leyla han recibido una sentencia poco ejemplar de menos de tres años de prisión y un pago de reparación del daño de cinco mil pesos.
Estos casos me producen muchísima indignación y enojo, pero también miedo ante la crueldad y violencia con la que las niñas, niños y adolescentes actúan hoy en día. Sin embargo, su actuar es el reflejo de las fallas del Estado, su comunidad y su familia; es decir, de todas, todos y todes.
Pero, evidentemente, nadie quiere asumir esa incómoda parte de responsabilidad. Es más fácil, de nuevo, individualizar el castigo y pensar que estas adolescentes son monstruos, personas fallidas que por generación espontánea decidieron asesinar con tanta crueldad.
El Derecho ha entendido que no se puede juzgar a las niñas, niños y adolescentes de la misma forma que a las personas adultas; de ahí que tengan su propio sistema de justicia que, al menos en teoría, busca con mucho mayor rigor su reintegración a la sociedad. Particularmente, el caso de Leyla nos muestra que este sistema también tiene fallas profundas que hay que atender, pero que competen a los operadores de justicia.
Sin embargo, las autoridades y los políticos están desviando la atención para eximirse de su responsabilidad y presentan como solución a la violencia que la niñez y la adolescencia ejerce el permitir juzgarlos como adultos.
Para empezar, están vendiendo humo porque, aunque se cambiaran las leyes, estas personas imputadas tienen ya derechos: uno de ellos es no ser juzgados por el mismo delito dos veces y el otro es que no puede aplicarse la ley de forma retroactiva en su perjuicio. Así que no, no van a ser juzgadas como adultas; eso sería solo para el futuro.
En segundo lugar, ¿realmente creen que el temor penal logra que la gente deje de delinquir?
Cuando una niñez o adolescencia delinque, es la prueba más grande del nivel de podredumbre social que existe. Así que mejor tomemos cartas en el asunto para lograr transformaciones que permitan que todas las niñas, niños y adolescentes vivan en entornos seguros y libres de violencia.
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