El Procurador del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo anunció la vinculación a proceso de 7 personas adscritas a la Dirección de Seguridad Pública de Progreso, a quienes se reclasificó el delito por el cual habían sido aseguradas, ya que videograbaciones aportaron nuevas pruebas sobre el caso de la doctora Beatriz Hernández.
Dijo que alrededor de las 6:00 horas de este jueves, el Ministerio Público obtuvo de una jueza de control la vinculación a proceso de siete personas adscritas a la Dirección de Seguridad Pública del ayuntamiento de Progreso de Obregón, por el delito de homicidio culposo por omisión, derivado de su calidad de servidoras y servidores públicos.
Explicó que esta situación jurídica deriva de un hecho ocurrido el pasado 9 de junio, en el que una mujer perdió la vida en el área de atención primaria municipal, noticia a partir de la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), inició las indagatorias bajo el protocolo para la investigación del delito de feminicidio como se procede en todas las muertes violentas de mujeres.
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Precisó que esta vinculación a proceso por homicidio culposo, es resultado de la obtención de datos de prueba adicionales, entre ellos, videograbaciones del área de retención primaria de la policía municipal de Progreso de Obregón.
Indicó que gracias a esta aportación, permitió apreciar que la muerte de quien se identifica con las iniciales B.H.R. no fue producto de una acción directa, motivo por el cual, la Procuraduría solicitó la reclasificación del delito y la vinculación a proceso de las personas que tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima.
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Recordó que este hecho produjo indignación y atrajo la atención de organizaciones nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos, de atención a victimas, de colectivos de la sociedad civil, así como de instancias gubernamentales y medios de comunicación y que provocó un daño irreparable a una familia hidalguense y una laceración a la sociedad, debe ser un llamado de atención para que todos los ayuntamientos, además de las autoridades estatales.
“Pongamos especial atención en la capacitación del personal policial, así como en sus protocolos, para cada una de las ocupaciones que atienden, en función de las responsabilidades públicas”, sostuvo.
Arroyo insistió en la obligación de respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.
Expuso que en el mismo juzgado de control se lleva a cabo otra audiencia inicial contra las mismas siete personas, por las irregularidades cometidas, a partir de la detención de la misma víctima.
“Las tres mujeres y los cuatro hombres imputados se encuentran en prisión preventiva justificada, según el ordenamiento de la propia juez de control”, finalizó.
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