Julio debería convertirse en el mes de los derechos sexuales y reproductivos en México.
El 6 de julio, con la publicación de la reforma al Código Penal y la Ley de Salud en el Periódico Oficial, Hidalgo se convirtió en la tercera entidad en el país en despenalizar el aborto hasta la semana 12.6.
El 7 de julio la SCJN resolvió el caso de Jessica, una mujer chiapaneca con discapacidad psicomotora que fue víctima de violación a los 17 años y a la cual le fue negado su derecho a abortar porque el Código Penal de Chiapas establecía un plazo de 90 días para realizar el aborto. Lo maravilloso de esta sentencia es que la Corte declara inconstitucional que los Códigos Penales establezcan plazos como requisito para acceder al aborto por violación pues es incompatible con las experiencias que atraviesan las mujeres y las personas que gestan y necesitan abortar.
El 20 de julio en Veracruz se aprobó en la legislatura la despenalización del aborto hasta la semana 12.6 y horas después, en un acto sin precedentes, el gobernador ordenó la publicación de la reforma en su Gaceta Oficial convirtiendo a Veracruz en el cuarto estado en el país en reconocer este derecho.
Por si esto fuera poco, el mismo día, pero en el Estado de México, se aprobaron las reformas al Código Civil para reconocer el derecho a la identidad de las personas trans.
Cuando alguien decide hacer activismo, una de las frases con las que te reciben es que este camino está lleno de decepciones, una se termina acostumbrando a nadar en contra del mar. Así que estas victorias, tan increíbles y necesarias, nos llenan de esperanza.
Con la aprobación de estas iniciativas se derrumban las ideas antiderechos que permean dentro de los movimientos LGBT+ y feminista sobre el aborto y los derechos de las personas trans. Sí, pueden y deben avanzar a la par.
Sí, las reformas de aborto en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México incluyen a las personas gestantes.
Esto es un logro colectivo: de la responsabilidad política (a veces encaminada por otras razones) de los tres poderes que deciden, cabildean y gestionan para aprobar estas reformas. De las activistas, las organizaciones y colectivas que desde al menos hace cuatro décadas han labrado el camino, de las y les jóvenes que tienen un compromiso gigante y nada de miedo.
Pero más, más de las que hoy no son nombradas: las que hablan de aborto con sus vecinas, las que han ahorrado, las que terminaron sentenciadas, las que tuvieron procedimientos insalubres, las que abortaron de manera segura, pero en clandestinidad, las personas trans a las que han obligado a mencionar una identidad que no les representa, que dejaron varias oportunidades personales, de trabajo, sociales, políticas, salud porque el estado no quiere reconocerles, las que hoy son consideradas como delincuentes por fraude de identidad, quienes murieron esperando ver su nombre en un documento legal.
Esto es justicia sexual y reproductiva. Y no, no descansaremos hasta que sea efectiva para todas y todes.
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